Por teléfono y sin muchas explicaciones. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha decidido lanzar un órdago a los jueces y fiscales que desde hace semanas amenazan con iniciar movilizaciones, incluida un huelga indefinida, si el Gobierno no se sienta a negociar con ellos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que aborda las sustituciones, permisos y retribuciones de los magistrados.
El pasado martes, el número 2 de departamento, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, llamó por teléfono al representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria, para comunicarle que ningún representante del Ministerio se iba a volver a reunir con las asociaciones de la judicatura ya que la decisión del Ejecutivo era mantener el polémico texto tal y como estaba, "salvo algunos pequeños retoques de redacción", según confirmaron fuentes judiciales.
Román le aseguró a su interlocutor que el proyecto sería registrado en breve en el Congreso para iniciar su trámite parlamentario. De hecho, este jueves será aprobado por el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar también el proyecto de ley que regula el nuevo Código Penal y endurece el castigo para aquellos delitos de máxima gravedad. El texto introduce la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad una vez cumplida la pena.
