El Ministerio de Justicia descarta eliminar el artículo 156.2 del Código Penal que despenaliza la esterilización forzosa de personas con discapacidad declaradas incapaces judicialmente porque considera que no se trata de una vulneración de sus derechos. No obstante, estudiará la regulación de un «procedimiento especial» para estas prácticas mediante la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así lo explica la directora de gabinete del ministro Alberto Ruiz Gallardón, Cristina Coto del Valle, en una carta dirigida al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), quien había rogado al Ejecutivo la supresión del citado artículo por considerar que viola la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y atenta contra los Derechos Humanos.
La directora del Gabinete del ministro argumenta que la ley «sólo» despenaliza la esterilización forzosa «cuando la persona por su incapacidad psíquica grave, no puede prestar consentimiento libre e informado, lo que si será totalmente exigible para el resto de personas con discapacidad», según recoge la misiva oficial.
