Minutos después de conocerse éstas, en la sede del CGPJ ya había calado la idea de que, de salir adelante la propuesta, el CGPJ se quedará prácticamente sin competencias. Incluso, algunos integrantes de la institución no dudaron en aventurar la "inconstitucionalidad" de la norma. Las asociaciones de jueces también la criticaron con dureza.
Miembros del Consejo, que prefieren mantenerse en el anonimato, destacan que con la drástica reducción de las diferentes comisiones que conforman el órgano -de las trece actuales, a sólo tres-, quedarán desmantelados órganos claves de la institución. Entre ellos, recalcan, el de inspección, encargada de velar por el buen funcionamiento de los diferentes órganos de la justicia, y la escuela judicial, responsable de formar a los nuevos jueces e impartir a los ya existentes cursos de reciclaje. Ambas funciones, denuncian, pasarían ahora a manos del propio Ministerio. "Una auténtica aberración", recalcan.
Algunos consideran que las prisas de Gallardón para hacer pública la propuesta, cuatro días ante del pleno extraordinario convocado para intentar elegir al sustituto de Carlos Dívar, no son gratuitas. "Es un aviso a navegantes para la reunión de martes. Quiere dejar claro que no aceptará cualquier candidato para el puesto", apuntan.
