La recuperación de la jornada laboral previa a la crisis puede acabar costándole al Gobierno autonómico andaluz un serio disgusto después de que el STAJ haya decidido acudir a los tribunales. STAJ no sólo criticó que los funcionarios de Justicia hayan sido excluídos de las 35 horas, sino que además arremetió contra el acuerdo entre CCOO, UGT, CSIF y la Junta al considerar la recuperación de la jornada laboral como moneda de cambio por no devolver de inmediato la paga extra de 2012 que aún debe la Junta y aceptar que lo haga en plazos y hasta 2018.
Lo acordado entre la Junta y "sus sindicatos amigos", señaló STAJ, no es sino un "lamentable e ilegal amaño" y un "cambio de cromos".
El colectivo de trabajadores de la Administración de Justicia sufre así, según STAJ, una doble discriminación, puesto que son los únicos que están sujetos a la ley de presupuestos nacional y, por otro lado, no se van a ver beneficiados por la reimplantación de la jornada laboral de 35 horas semanales.
