La prensa se ha hecho eco estos días de la información difundida por la Fiscalía Anticorrupción relativa a un nuevo presunto fraude en los cursos de formación. Esta vez en Extremadura, se investiga a la patronal extremeña CREEX, y a los sindicatos UGT y CCOO.
El problema no es solo que estén fuertemente subvencionados. El problema es que, encima, presuntamente, hagan un uso fraudulento de las subvenciones.
¿Nos habrían recortado la extra si no se hubieran destinado tantos millones de euros a subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales? ¿Nos habrían hurtado las ayudas de acción social? ¿Podría la Administración con parte de ese dinero haber formado directamente a los funcionarios, ampliando la oferta formativa?
La noticia en abc.es , diariosur.es , lavozdegalicia.es
