El Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece en una disposición adicional que las nuevas disposiciones "no podrán suponer un aumento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal".
Según explica el Ministerio de Justicia en la memoria de análisis económico y presupuestario de la norma, su puesta en marcha no necesitará de mayores recursos humanos porque "las medidas podrán ser implementadas mediante una reordenación de efectivos".
La memoria se refiere a una "reordenación de efectivos" y analiza la creación de la segunda instancia en el ámbito penal. Así, indica que las resoluciones de las audiencias provinciales podrán recurrirse ante los tribunales superiores de justicia por lo que las sentencias recurridas ante el Tribunal Supremo "serán residenciables".
La memoria también indica que medidas como la desaparición de causas sin autor conocido o la agilización de los procedimientos penales por delitos leves provocarán "una reducción evidente de la carga de trabajo".
