Mucho malestar ante las últimas manifestaciones del ministro Catalá, que no han podido ser más contradictorias. En menos de tres meses ha pasado de decir que la Justicia no necesitaba medios a señalar que era inconcebible que los juicios de lo social se celebrasen en el 2019, a realizar otro comentario, esta vez en el Senado, donde como contestación a una pregunta parlamentaria en el que se le pedía la opinión sobre la lentitud de la Justicia, se destapaba diciendo que "más o menos 500 juzgados de casi 5000 son los que tienen problemas de sobrecarga. No me quedo tranquilo, pero es un 10%, mientras que un 90% funciona muy adecuadamente".
Más adelante concluyó su contestación diciendo que "estoy seguro que ese 10% de juzgados que hoy no funciona bien en el futuro tendrá un funcionamiento mucho más eficaz y más cercano a las demandas de los ciudadanos".
Asociaciones de jueces como Foro Judicial Independiente o de fiscales como Asociación de Fiscales o Unión Progresista de Fiscales han tachado de inoportunas esas declaraciones. Por su parte, el CGPJ remitía su postura a los informes sobre cargas de trabajo que están en su web, según la cual más de un 40% de los Juzgados y Tribunales de España asumen más de un 150% de la carga de trabajo máxima recomendable, y casi un 75% asumen más del 100% de esta carga máxima.
