Desde que el 22 de diciembre de 2011 tomara posesión de su cargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha impuesto un ritmo frenético a su cartera ministerial. Su mandato ha supuesto una revolución para la Administración de Justicia sin precedentes, con reformas legislativas que llegan hasta los pilares del sistema judicial español.
Es difícil encontrar alguna ley o normativa que no se haya visto afectada en cierta manera por las reformas aprobadas o propuestas en los dos últimos años y medio. También los diversos colectivos del ámbito de la Justicia (jueces, fiscales, funcionarios, abogados, registradores...) han sido objeto de la vorágine legislativa.
Desde la reorganización del mapa judicial, el reparto de nuevas competencias a diferentes colectivos, la introducción de las tasas judiciales o cambios de gran calado en normas procesales, la lista de reformas puestas en marcha es extensa y su tramitación está siendo, en muchos casos, polémica.
