Rechazo total y frente único de la abogacía española a la reforma de la Ley de Justicia Gratuita que se tramita en el Parlamento. "Es una norma que no se hace pensando en los ciudadanos", han afirmado los representantes de los abogados, al tiempo que han anunciado las negativas consecuencias si no se cambia el actual proyecto.
Según alertaron, los nuevos importes establecidos por el proyecto de Ley para el acceso a la Justicia Gratuita son engañosos. Perjudican a las unidades familiares con una sola persona, ya que antes de la reforma se requería un umbral de 14.910 euros anuales, mientras que ahora se reduce a 12.780. Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales.
El proyecto de ley no resuelve los problemas reales de los ciudadanos, sino que perjudica la actual prestación de este servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana. Además quiebra el criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a Justicia Gratuita al extender este derecho a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas), al margen de sus recursos económicos.
