El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dará marcha atrás en su proyecto de aplicación de tasas judiciales, tal y como le ha solicitado formalmente la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. El ministro ha anunciado la "reconsideración" de algunos aspectos de su propuesta en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.
La Defensora del Pueblo, que tiene de plazo hasta el próximo día 21 para decidir si recurre ante el Constitucional la Ley de Tasas, ha hecho entrega al ministro de un escrito en el que le recomienda una "modificación sustancial" del sistema de tasas judiciales.
En el texto recomienda reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.
Asimismo, propone la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo. Por último, la Defensora recomienda devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.
El Ministerio espera tener un primer análisis sobre tasas concretas este misma semana, el jueves o el viernes, y podría recoger los cambios en un decreto ley.
