El Gobierno, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, va a instar a notarios y registradores de la propiedad a devolver los más de 400 millones de euros que cobraron de más a cientos de miles de clientes por cancelaciones hipotecarias, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que así lo estipuló.
La sentencia resuelve el recurso planteado por los Consejos de Notarios y Registradores contra un real decreto de 2011 que pretendía aclarar una rebaja en los aranceles aprobada en una ley de 2007. El Tribunal Supremo desestimó las pretensiones de Notarios y Registradores y ratificó la interpretación que la organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y otros tribunales de Justicia venían haciendo.
