El recurso contra las tasas judiciales no sólo acusa al Gobierno de discriminar entre ricos y pobres, algo que deberá valorar la subjetividad del Tribunal Constitucional, sino que, además, plantea una cuestión objetiva al Tribunal: acusa a Gallardón de haber violado los procedimientos legales al no escuchar ninguna alegación a su imposición de tasas durante la fase de elaboración del reglamento.
La cuestión de las formas puede ser clave en un recurso según subrayan fuentes del equipo que ha presentado un recurso que, por lo demás, apela a un argumento de fondo para tildar de inconstitucional la subida de tasas: la ley impone una traba a la tutela judicial efectiva.
El recurso asegura que la Ley de Tasas crea "graves perjuicios a la clase media" puesto que "sólo aquellos que por su situación de carencia de medios y queden amparados por la Justicia gratuita o aquellos que por su sobra de medios puedan pagar las tasas" quedarán protegidos mientras que las clases medias quedan excluidas de la tutela judicial efectiva.