El Gobierno consultará con Hacienda, el Catastro, la Seguridad Social y los Registros de la Propiedad y Mercantiles los datos de las personas que soliciten la justicia gratuita para evitar que se produzcan abusos, según el borrador del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. El citado texto contempla que para acceder al servicio de justicia gratuita, los usuarios tienen que tener ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM.
El texto detalla que no sólo se comprobará la información relativa a las rentas o los ingresos, sino que se tomará en consideración el patrimonio. Valorará así los inmuebles que se tengan en propiedad, "excepción hecha de su vivienda habitual", así como el capital mobiliario, los vehículos de alto valor o "cualquier otro signo externo de riqueza" y, en general, cualquier ingreso, actividad o signo externo que denote capacidad económica suficiente para sufragar los gastos del litigio.
Además, los abogados y los procuradores tendrán la obligación de denunciar las situaciones de abuso en el servicio de Justicia Gratuita por parte de los ciudadanos que recurran "sistemáticamente" a ella para pleitear de manera "injustificada" y con el único motivo de eludir el cumplimiento de sus obligaciones.
