La Comisión de Justicia del Congreso dio luz verde al proyecto de ley tramitado por la vía de urgencia que contempla la subida generalizada de las tasas judiciales. Con la aprobación de esta ley, por primera vez los ciudadanos tendrán que abonar, por ejemplo, una cuantía de 800 euros si desean presentar un recurso de apelación, o de entre 500 y 2.000 euros si quieren recurrir una sentencia dependiendo de ante qué tribunal se acuda.
Desde muchos sectores se entiende que con esta ley se limitará, dificultará y, en muchos casos, se impedirá el acceso de los ciudadanos a la tutela de sus intereses, dejando la Justicia sólo al alcance de algunas personas. Una gran parte de jueces, fiscales y abogados entienden que la medida creará "una justicia para ricos y otra para pobres".
Por su parte, desde el Gobierno se defiende la ley destacando que con la imposición de las tasas se frenarán los abusos de los recursos públicos en la Administración de Justicia. Con las nuevas tasas, el Ministerio de Ruiz-Gallardón prevé recaudar unos 306 millones de euros frente a los 160 de ejercicios anteriores.
Por su parte, desde el Gobierno se defiende la ley destacando que con la imposición de las tasas se frenarán los abusos de los recursos públicos en la Administración de Justicia. Con las nuevas tasas, el Ministerio de Ruiz-Gallardón prevé recaudar unos 306 millones de euros frente a los 160 de ejercicios anteriores.
