En principio, parece que el anuncio de que el Gobierno pretende encargar las funciones de Registro Civil a los Registradores de la Propiedad se hará oficial tras el Consejo de Ministros del próximo viernes día 30 de noviembre.
Con ello, el Ministerio no sólo "desjudicializa" el Registro Civil (estaba previsto tras la última modificiación de la Ley del Registro Civil en julio de 2011 que dejara de ser una función jurisdiccional, para ser asumida por la Administración), sino que lo hace "semiprivado", pues lo pone en manos de los Registradores de la Propiedad, que aunque son funcionarios en realidad es como si no lo fueran, pues actúan como profesionales cobrando por arancel y no por sueldos públicos, y tienen a su cargo personal laboral no sometido al estatuto de los funcionarios públicos, únicos garantes de la legalidad.
El nuevo sistema, en fin, supondrá un nuevo coste para los ciudadanos, que tendrán que abonar el arancel correspondiente por la realización de cualquier actuación relativa al Registro Civil y por las certificaciones que a tal efecto se expidan por el Registrador de la Propiedad.
