El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, considera "fundamental" castigar a quienes lleven a cabo una "actuación irregular en los mercados" con penas que vayan desde la "inhabilitación" hasta la "multa o incluso la privación de libertad" para los "casos más graves".
Gallardón defiende la necesidad de "establecer una pena mínima común en los delitos de uso de información privilegiada y de manipulación de mercados", al considerar que "son casos que producen una importante alarma social y merecen una respuesta lo más articulada posible".
Gallardón también destaca que la seguridad jurídica es "un factor determinante" y debe convertirse en la situación económica actual en "un verdadero motor de la economía nacional". "Eso sólo se consigue con seguridad jurídica, es decir, inspirando confianza en la estabilidad de un país, de su ordenamiento, de las condiciones y circunstancias que rodean cualquier actividad económica", afirma.
