La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha defendido la legitimidad del órgano de gobierno de los jueces para presentar una propuesta de demarcación de planta. Una de las funciones del CGPJ es asegurar el buen funcionamiento de los tribunales, ha explicado. Estas declaraciones llegan después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se desvinculara del proyecto del CGPJ afirmando que no es el informe del Gobierno.
Bravo ha sostenido que la agrupación de los juzgados facilitará la puesta en marcha de la oficina judicial y permitirá reutilizar edificios. Ha garantizado que no se destruirán empleos porque la nueva organización no supone una eliminación de partidos judiciales sino su reorganización.
En respuesta a la mención hecha por el ministro en cuanto a que la propuesta del CGPJ fue elaborado por cuatro vocales, de los cuales 3 fueron nombrados a propuesta del PSOE, Bravo ha reiterado que el Pleno del Consejo apoyó el texto con una amplísima mayoría.
La portavoz del Consejo también se ha pronunciado sobre las tasas judiciales. En este sentido, ha apuntado que establecer mayores tasas de las que hay ahora mismo le parece poco compatible con la verdadera concepción del Estado de Derecho. Ha añadido que si los ciudadanos dejan de recurrir por falta de recursos económicos se habrá dañado la tutela judicial efectiva.
