Se ha publicado en el BOE la Ley reguladora del uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Los principales objetivos de esta norma, son:
Actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las tecnologías en las comunicaciones.
Generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la justicia.
Definir en una norma con rango de ley el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial, a fin de garantizar la seguridad en la transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales.
