"Pero la nuestra no es solo una reclamación económica -añadía-, reclamamos la paralización de la nueva ley porque no se garantizan todos los puestos de trabajo, no se garantizan todas las retribuciones y se limita la movilidad voluntaria. Es decir, nos pueden mover de nuestro puesto de trabajo sin justificación. Supondría un desmantelamiento de la estructura orgánica tal y como la conocemos, es un movimiento del personal funcionario que iría en contra de la especialización. Esto es jugar al tetris en vez de solucionar los problemas con una verdadera inversión", ha dicho Sanau.
Los sindicatos creen que la huelga ha tenido buena acogida porque el compromiso del Ministerio de subir el salario 450 euros a jueces y fiscales "ha provocado un enfado aun mayor", explica Ana María Sánchez Chico, delegada de STAJ en Toledo. En el mismo sentido, Carmen Romero, delegada de STAJ en Ciudad Real, asegura que el Ministerio desprecia a los funcionarios y son los últimos olvidados. "Está claro que para el Ministerio no todos somos iguales en Justicia, que la ministra se entere que somos 45.000, sin nosotros la Justicia no funciona, que los asuntos pasan primero por los Cuerpos de Auxilio, Tramitación y Gestión antes de llegar a los jueces", remarca.
Los funcionarios de Justicia prometen dar guerra. No descartan convocar una huelga indefinida si el Gobierno sigue sin presentarles una oferta económica. Además, están ultimando una carta que registrarán la próxima semana en el Palacio de la Moncloa para solicitar a Pedro Sánchez que cese a la ministra del ramo, a la que pidieron la dimisión hace unos días por sus "indignantes declaraciones" en la Feria de Sevilla.
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