El Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero aprobó la reforma de la Ley 20/2011 sobre registros civiles que abría la puerta a desjudicializar el servicio. STAJ considera que esta ley, que entra en vigor el 30 de junio próximo, tendrá graves problemas para llegar a buen puerto porque necesita de mucha inversión, al salir el Registro de la Administración de Justicia y suscribirla a la General del Estado o las comunidades autónomas (nuevas dependencias, interconexión informática con ayuntamientos, hospitales, etc...).
Para Juan Antonio Luque, de STAJ, el problema es que hay un movimiento para privatizar el Registro Civil sacándolo de la Administración de Justicia para entregárselo a los registradores de la propiedad.
