La Comunidad de Madrid contaba con un servicio profesional de traductores, pero en 2007 decidió externalizar los servicios de traducción. Los trabajos a destajo low cost han ahuyentado a los profesionales con experiencia y han hecho que cualquier inmigrante se presente en los tribunales como traductor o intérprete. Muchos de ellos no tienen titulación, ni experiencia, ni dominio del español. El resultado es que sus traducciones no son entendidas por los jueces.
"Estamos hablando de un tema muy serio. Un intérprete debe conocer no sólo el idioma sino incluso la cultura para ofrecer las garantías procesales plenas. He tenido que suspender varios juicios a pesar de los retrasos procesales que ello supone", explica la juez Pilar de Luna.
