De manera silente y gradual hemos ido aceptando que los partidos se financien, prácticamente en su totalidad, con cargo al presupuesto público, como si formasen parte de la estructura del Estado y prestasen un servicio público, cuando claramente no constituyen lo primero ni pueden presumir de lo segundo.
Los últimos datos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas correspondientes al año 2013 confirman que la financiación pública de los partidos políticos supone el 82,2% del total, mientras que los donativos ascienden solo al 2,2%. El 15,47% de los fondos privados restantes corresponden a las cuotas de los simpatizantes y afiliados, muchos de los cuales forman parte del aparato del propio partido, por lo que, en realidad, se trata de meros subsidios cruzados.
Si bien es cierto que la subvención pública es la principal fuente de financiación de los partidos en Europa, con un porcentaje de media del 67% del total de ingresos, ningún país supera los porcentajes de España.