Las enormes medidas de seguridad que se han instalado en el nuevo edificio de la Audiencia Nacional, en la calle Génova de Madrid, ha comenzado a dar problemas. Un abogado ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos en la que asegura que el sistema de acceso elegido, mediante tarjetas electrónicas que abren las puertas de las diferentes dependencias del inmueble, permite a la policía hacer un rastreo de los movimientos de los jueces, fiscales y demás funcionarios que allí trabajan así como de los abogados, testigos y público que lo visitan cada día. La agencia ha admitido la denuncia y ha abierto una investigación para comprobar si esos hechos son ciertos.
La denuncia sostiene que, mediante ese sistema de acceso, se puede crear "un fichero ilegal" que permitiría la intromisión de la policía en la vida privada. Las tarjetas electrónicas, que tienen todos los funcionarios del tribunal y que se facilitan a los visitantes en el acceso, permiten, según el denunciante, "seguir el rastreo a todo usuario de sus movimientos".
Este sistema de control, según el abogado, es "más grave aún en el caso de los empleados ya que se registra en un fichero carente de base legal su itinerario de horas y lugares por donde se desplazan al tener que utilizar la tarjeta electrónica para ciertos accesos".
