No ha pasado un mes desde que se inició la presentación telemática de documentos y la lista de incidencias y problemas que está generando su implantación es infinita. Funcionamiento lento del sistema, devoluciones automáticas de escritos erróneas, deficiente integración de Lexnet en las aplicaciones de gestión procesal, errores en la entrada de escritos en los órganos judiciales, limitación de capacidad de los archivos, inexistencia de firma digital para jueces, y un largo etcétera de disfunciones que está generando, además de un notable atasco en la recepción de escritos y tramitación procesal, que el "papel cero" suponga un gasto en papel mucho mayor (!) que el que existía hasta ahora.
El verdadero responsable de todo este desaguisado es el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, de quien dependen la Subdirección General de Modernización y la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, y entre cuyas funciones está la planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización tecnológica de los juzgados y tribunales, del Ministerio Fiscal y de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas.
El proyecto "estrella" con el que ha querido despedirse de esta legislatura este alto cargo del Ministerio de Justicia ha resultado ser un auténtico fiasco, por no haber previsto muchas de las vicisitudes propias de la tramitación procesal y del trabajo diario en Juzgados y Tribunales, y por no haber dado tiempo suficiente a las Comunidades Autónomas con competencias para adaptar plenamente los sistemas de gestión procesal existentes, pensados para la tramitación en papel.
