Desde STAJ hemos tenido conocimiento de hechos que, si bien no son nuevos, sí parecen estar alcanzando un volumen creciente. Casos de discriminación, abusos, amenazas o ataques a los funcionarios por parte de algunos de sus superiores. Conductas que suponen acciones, incidentes o comportamientos que se apartan de lo razonable, mediante el cual un funcionario es agredido, amenazado o humillado por otra persona en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma.
Uno de los riesgos a los que están sometidas las personas en el desempeño de su trabajo deriva, precisamente, de la interrelación con otras personas. Toda política o medida encaminada a combatir la violencia en el lugar de trabajo debería promover el trabajo decente y el respeto mutuo, dado que un medio ambiente seguro y saludable facilita un estado de salud físico y mental óptimo en relación con el trabajo.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, afirma que "deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con su trabajo". Partiendo del principio de tolerancia cero frente a las conductas violentas, y del objetivo de dignificar el trabajo y la seguridad de los empleados públicos, STAJ plantea el deber de la Administración de Justicia de actuar frente a los casos de discriminación, abusos, amenazas o ataques, en circunstancias relacionadas con su trabajo, a los funcionarios.
En virtud de lo anterior, STAJ denuncia esta situación y como representante de los trabajadores de la Administración de Justicia, exige que todos sus Organos y Tribunales declaren clara e inequívocamente que el acoso y la violencia en el trabajo, en sus distintas manifestaciones de discriminación, abusos, amenazas o ataques no serán tolerados. Y recuerda que si tienes algo que contarnos, ¡Hazlo ahora!
