Sin embargo, JpD señala que lo único que va a empezar a practicarse el 1 de enero de 2016 es la presentación de documentos al juzgado de forma telemática. Esto se debe a que al no haberse creado los instrumentos técnicos para la creación de un expediente electrónico judicial, los citados documentos tendrán que imprimirse en los órganos judiciales tras su entrada en los mismos, con lo cual el papel seguirá estando presente en los juzgados.
La asociación considera que esta falta de herramientas para poner en marcha el proceso de digitalización provocará disfunciones en los juzgados y tribunales, así como importantes problemas de armonización entre distintos órganos judiciales. Asimismo, señalan que tampoco se han previsto programas de formación suficientes para hacer posible el cambio de sistema.
