Los colectivos firmantes consideran "absurdo" que la reforma de esta ley, que fue publicada en el BOE el pasado 6 de octubre, haya introducido "plazos máximos realistas" de 6 y 18 meses para la finalización de las instrucciones judiciales, "según se trate de un asunto sencillo o complejo".
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura ha remitido un comunicado desmarcándose de las críticas a la LECrim por entender que traslada ante la opinión pública "una idea de desacreditación global y rotunda de las novedades legales, que resulta excesiva", así como por considerar que el sistema para prorrogar los tiempos de investigación merecería ser revisado y no retrasado.
