Rafael Catalá llegó hace un año al Ministerio de Justicia. El ministro tomó el testigo de las reformas iniciadas por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y ha logrado ver aprobadas buena parte de ellas, eso sí, eliminando de los textos algunas cuestiones que podían generar mayor controversia o que, por el tiempo que restaba de legislatura, no era viable incluirlas.
Es el caso, por ejemplo, de la aprobación de una nueva ley de demarcación y planta judicial o de la asignación de la instrucción penal al Ministerio Fiscal. La ambiciosa agenda reformadora ha ido viendo la luz en estos 12 meses, con un "sprint" final en la tramitación parlamentaria.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se está llevando a cabo a través de dos proyectos -uno de ley orgánica y otro de ley ordinaria-, y está previsto que quede definitivamente aprobada por el Congreso en el Pleno del próximo 1 de octubre.
En la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha introducido el plan más ambicioso del Ministerio: lograr una Justicia sin papeles a partir del 1 de enero de 2016. El texto también podría recibir el visto bueno del Congreso el 1 de octubre.