El Senado aprobará en su Pleno de esta semana la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que impone a los jueces plazos para la instrucción y modifica el término judicial "imputado". La cámara baja debatirá los dos proyectos de ley en los que se ha dividido la norma, uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria.
La reforma prevé un período ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. Aunque en un principio dejaba en manos de la Fiscalía el control de la duración de las causas, esta iniciativa ha cambiado en su trámite parlamentario. El Ministerio Público ya no será la única parte que podrá solicitar prórrogas al plazo, ya que se amplía al resto de personados en el procedimiento la posibilidad de pedir una prórroga del tiempo.
También se introducirán novedades relativas a la incomunicación de los arrestados. Se ha introducido la obligación de que los jueces justifiquen en un auto su decisión de autorizar este tipo de detención.
