El Gobierno insiste en que no hay obligación legal de aplicar lo recaudado por las tasas judiciales mientras existieron a la justicia gratuita puesto que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico". Lo ingresado por las tasas judiciales, como cualquier otro ingreso público, se destina a financiar el conjunto de los servicios públicos.
Así se señala en una respuesta parlamentaria consecuencia de un requerimiento de un diputado de CiU, en la que el parlamentario se interesaba por el destino de las cantidades recaudadas hasta la eliminación de este tipo impositivo a las personas físicas.
