El Consejo de Estado ha enmendado de arriba a abajo el reglamento que desarrolla el sistema registral electrónico. De acuerdo con un dictamen del órgano consultivo, el Ejecutivo no puede aprovechar un mero reglamento para colar por la puerta de atrás una reforma de la figura de los registradores, una institución amparada por la Constitución española. Aunque el informe no sea vinculante, la dimensión de las objeciones pone en cuestión toda la reforma iniciada del Registro Civil. El asunto reviste ribetes de escándalo y corre el riesgo de estallar en las manos del recién llegado titular de Justicia, Rafael Catalá.
Diversas fuentes apuntan que un grupo de registradores liderado por Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno, ha tomado la Dirección General del Registro y el Notariado e intenta que la contratación del sistema electrónico se le adjudique a una empresa llamada Futuver en alianza con Microsoft. Y ello pese a que los propios registradores ya cuentan con su propio departamento informático en el que han invertido numerosos recursos.
Sin embargo, la mayoría de los registradores se opone a esta reforma por los costes que les pueda ocasionar y defiende que el Registro Civil se entregue a los Secretarios Judiciales.
