La supresión de la paga extra de los empleados públicos -diciembre de 2012- ha derivado en un caos judicial. Para unos tribunales, la decisión del Gobierno se ajusta a la legalidad, para otros, está fuera del ordenamiento jurídico, mientras que hay jueces que opinan que son las instancias superiores -en particular el Tribunal Constitucional- las que deben decidir sobre si la medida del Gobierno de Rajoy en los momentos más duros de la segunda recesión debe ser estimada o desestimada. Como se ve, un auténtico galimatías judicial.
El caos ha llegado a tal extremo que incluso hay juzgados de la misma ciudad que han firmado sentencias completamente diferentes. En lo que sí hay un cierto acuerdo -no en todos los casos- es que el real decreto ley que eliminó la paga extra tuvo carácter retroactivo, y por lo tanto es parcialmente ilegal, toda vez que el real decreto ley se publicó en el BOE el 14 de julio (entró en vigor al día siguiente), cuando el devengo (el derecho a cobrar la paga) ya se había producido.
El propio Tribunal Supremo ya planteó hace algunas semanas una demanda de inconstitucionalidad en relación con la retroactividad de la norma. También la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y otros tribunales ordinarios ya han presentado las correspondientes demandas ante el Alto Tribunal en el mismo sentido.
