El Ministerio, en una postura cobarde, mezquina y contraria al Principio de Buena Fe que debe presidir toda relación laboral, ha ocultado la realidad al colectivo de funcionarios, a sus propios funcionarios de Justicia, y la realidad es que el Ministerio de Justicia ha decidido entregar los Registros Civiles a los Registradores.
La decisión fue comunicada a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles el pasado lunes 10 de febrero por la tarde. El Ministerio no ha dicho nada formalmente, nos hemos enterado por otros medios, pero en conversaciones privadas nos han comunicado que es verdad, pero que no van a decir nada oficial de momento.
La máxima preocupación del Ministerio de Justicia es la inminente entrada en vigor de la ley del Registro Civil del 2011, que tiene una vacatio legis de tres años, vacatio que finaliza en julio de este año, y esta preocupación ha obligado a adoptar esta decisión definitiva sobre la llevanza del Registro Civil.
Los grandes beneficiados son los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y los trabajadores de esos Registros, que se les asegura una carga de trabajo que desaparece de los Registros Civiles y por tanto del ámbito de la Administración de Justicia. Los grandes perdedores: el colectivo de funcionarios de Justicia.
STAJ ha presentado queja ante el Ministerio por haber ocultado a los trabajadores -una vez más- sus planes, y continuará las movilizaciones contra la privatización del Registro Civil, por demandarlo así tanto los funcionarios de Justicia como los ciudadanos, que con las miles de firmas presentadas recientemente por STAJ ante el Ministerio, han avalado que el Registro Civil siga siendo público, gratuito y gestionado por funcionarios de la Administración de Justicia.
