"Los ciudadanos no saben lo que se les viene encima". Si hace meses esta advertencia estaba ligada a la imposición de las tasas judiciales, ahora sigue resonando por la que es considerada una privatización del Registro Civil, un servicio gratuito y público que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende derivar a los Registradores de la Propiedad.
Carmen Romero, del STAJ y presidenta de la junta de personal de Justicia en Ciudad Real, explica que a la ciudadanía le afectará no sólo en el bolsillo, "además de pasar por caja la desaparición de los registros de juzgados de paz implicará que la gente se tenga que desplazar a las capitales de su provincia para hacer trámites obligatorios, se aleja el registro de los ciudadanos".
El delegado sindical del STAJ en Pontevedra, Enrique Araújo, coincide en que los usuarios resultarían muy perjudicados y se mostró convencido de que hay que recurrir a la movilización ciudadana para parar la supresión de los registros civiles.
