Los funcionarios de Justicia vuelven a la carga ante los incumplimientos del gobierno anterior y actual, que pretende dar la puntilla a un colectivo saturado de trabajo y harto de tener que vencer los fallos en los sistemas informáticos y de suplir la falta de personal con voluntarismo.
Un centenar de ellos se concentraron a las puertas de los Juzgados de Ciudad Real para denunciar "una agresión sin precedentes a los derechos de los empleados públicos de la Administración de Justicia tanto para los titulares como interinos" con las miras puestas en la huelga del próximo 16. La portavoz del STAJ en Castilla-La Mancha, Carmen Romero, aseguró que van a tratar de paralizar la reforma de la LOPJ aprobada en el Congreso de los Diputados porque "destruye empleo, prohíbe el incremento de plantilla y la asignación de medios materiales". Y por si fuera poco, "la Administración podrá determinar a su antojo el traslado del personal".
En esa línea, Jose María Rubio, también de STAJ, incidió en que no sólo no se les devuelven los derechos que habían perdido con la crisis "sino que nos quitan otros a nosotros y a los ciudadanos". Explica que no será lo mismo que el procedimiento lo lleve la misma persona que cambie cada dos por tres, por lo que "si ahora nos acusan de lentitud, a partir de este momento lo harán también de confusión".
