STAJ afirma que el problema se remonta a la ley de 1990 por la cual se obliga al Estado a cotizar por los funcionarios interinos de Justicia a efectos de jubilación, siendo el único colectivo de funcionarios por el que no se cotizaba.
STAJ lamenta que a pesar de que dichos funcionarios tienen reconocido por parte de la Administración todo el tiempo trabajado para el cobro de los trienios correspondientes, esos mismos años no constan en su vida laboral. "Son trabajadores que después de más de 30 años dedicados a impartir Justicia, no tienen derecho a jubilación, una situación totalmente inaceptable", sentencia STAJ.
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