COMUNIDADES autónomas de las muchas que ahora son gobernadas por el Partido Popular han expresado durante estos días su rechazo a recibir las competencias en materia de justicia. En esta línea, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, que negociaban la transferencia en materia de justicia, ya han dicho que no las quieren por "razones económicas".
Y en la Comunidad de Madrid, su presidenta Aguirre va más lejos y lo que se plantea es devolver la competencia que tiene desde hace unos cinco años. "He multiplicado por cinco el presupuesto de justicia durante estos años, sin que eso haya supuesto más eficacia en la gestión", exclama una Esperanza Aguirre desesperanzada. Y no les falta razón: la justicia "autonómica" ha devenido en una competencia maldita que no se quiere asumir por nadie porque sólo reporta gastos y muy poco rédito político.
Pero el Poder Judicial no ha permanecido insensible ante la estructuración territorial del Estado y la consiguiente descentralización del poder. Los estatutos de autonomía y la LOPL establecieron así una importante afectación del sistema judicial respecto del Estado autonómico al hacer de las CCAA demarcaciones territoriales a efectos judiciales y la culminación misma del sistema procesal. Aunque quizá haya llegado la hora de replantear si esa fragmentación ejecutiva en esta competencia, la que hemos asistido en todos estos años, es lo más conveniente para una Administración de Justicia, que en la Constitución sigue estando definida por el articulo 149. 1. 6º -como siempre estuvo allí desde la misma génesis constituyente- como una competencia exclusiva del Estado, y punto.
Alfonso Villagómez es magistrado y doctor en Derecho.
Fuente: elcorreogallego.es
