La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no recurrirá las nuevas tasas judiciales al entender que su reforma cambió en lo "sustancial" estos gravámenes y su modificación a través de un decreto-ley venía justificada ante la "extraordinaria y urgente necesidad" de aliviar las cargas tributarias de los ciudadanos.
Así ha respondido la institución en una resolución que ha sido remitida a Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía y miembro de la Plataforma Justicia para Todos, integrada también por varias organizaciones sindicales y de consumidores.
Los solicitantes consideran que subsisten motivos de inconstitucionalidad en la reforma de la Ley de Tasas judiciales, que fue modificada meses después de su aprobación mediante un decreto-ley sin concurrir "razones de extraordinaria y urgente necesidad" y sin respetar la reserva de ley en materia tributaria ni la prohibición de regular por decreto ley derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.
