jueves, 30 de abril de 2020

Bolsa interinos Cantabria: Listas actualizadas al 29/04/2020

Podéis consultar los listados de la bolsa de interinos de Cantabria actualizados a fecha 29 de abril de 2020 en los siguientes enlaces:

STAJ informa: Propuesta ministerial fases de actividad

Os trasladamos un avance informativo sobre la reunión celebrada esta mañana entre los sindicatos representativos (STAJ, CSIF, UGT, CCOO, ELA, CIG) con el Ministerio.

La vuelta escalonada a la normalidad está supeditada a la evolución de la situación sanitaria, por lo tanto las fases, los porcentajes, etc., deben estar siempre abiertas.

Primera fase. En principio a partir del 11 o 12 de mayo. Incremento de la presencialidad del 10% actual  a un 33%, aproximadamente. Se iniciarían ya turnos de tarde, aproximadamente la mitad de los funcionarios que estén presencialmente cada día. Durante esta fase se publicaría en el BOE la apertura de los plazos procesales, fijándose en que fecha comenzarían, lo que tendrá lugar durante la segunda fase.

Segunda fase. Fecha por determinar. Dependerá de indicaciones sanitarias y la evolución del estado de alarma. Incremento dotación  presencial hasta un 66%, aproximadamente. El turno de tarde albergaría un tercio de los funcionarios de la dotación presencial diaria.

Tercera fase. Fecha que también dependerá  de indicaciones sanitarias y duración hasta finalización del estado de alarma. Incremento presencia funcionarios a un 75% o 100% dependiendo de las indicaciones sanitarias. Turno de tarde, aproximadamente un 25% de la plantilla.

Ultima fase. Tras finalización estado de alarma, plantilla completa presencial y tendencia a eliminar turnos de tarde, si indicaciones sanitarias lo permiten.

Turnos. Máxima flexibilidad, apuestan por autoorganizarse en cada órgano. En defecto de acuerdo, consideran necesario que sea mediante turno rotatorio.

Ampliaremos esta información en breve. 

STAJ cree que la situación de crisis actual supone un cambio drástico en la Administración de Justicia

La situación de crisis sanitaria que ha provocado la pandemia del covid-19 y la crisis social  que de ella se deriva, ha puesto de manifiesto las deficiencias técnicas que lastra el servicio en la Administración de Justicia y el anticuado sistema de prestación del mismo.

Si se hubieran hecho las inversiones necesarias para modernizar la Justicia y digitalizarla convenientemente, las restricciones en el funcionamiento de esta Administración no hubieran tenido la magnitud y severidad que han alcanzado durante el estado de alarma, con los consiguientes perjuicios para el justiciable.

Las medidas organizativas y procesales aprobadas por el Gobierno, suponen una toma de conciencia de esa falta de atención que los distintos Gobiernos de nuestro país han mostrado a la hora de implantar, de manera generalizada, las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Algunas de las medidas del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, llegarán para quedarse y otras deberán limitarse a la duración de esta situación de crisis. Lo que queda claro es que nada volverá a ser como antes.

Que se habilite la posibilidad del teletrabajo a los funcionarios o que se limite la atención al público a aquellas personas que hayan solicitado cita previa son medidas que debieron implantarse hace mucho tiempo. La continua deambulación de abogados, procuradores y particulares por los juzgados para preguntar por el famoso "que hay de lo mío", supone un constante entorpecimiento y parálisis en la tramitación de los procedimientos, por cuanto los funcionarios deben parar continuamente la gestión de los mismos para atender las consultas de seguimiento de los interesados, en ocasiones durante días consecutivos para el mismo procedimiento y mismo trámite. Esta práctica habitual, a veces se traduce en ejercer presión para favorecer la prioridad en la tramitación del procedimiento sobre el que se consulta con mayor insistencia.

Con estas dos concretas medidas se reduciría considerablemente la afluencia de personas en las sedes judiciales, las cuales ya de por sí reciben mucho público, convirtiendo a esta Administración en la que más personas acuden diariamente, bien por citas para juicios o declaraciones, bien para consultas.

Algunas medidas acordadas en el Real Decreto son de dudosa legalidad y otras de difícil puesta en práctica. Habida cuenta de la confidencialidad de la delicada información que se maneja en esta Administración, la atención telefónica que pretende priorizar el Real Decreto pone en riesgo la protección de datos, dado que no es posible acreditar con absoluta fiabilidad y certeza la identidad de quien se comunica desde el otro lado del teléfono. Otro inconveniente que plantea esta medida lo constituye la contaminación que supone usar el mismo teléfono  por todos los funcionarios de la plantilla de cada juzgado, teniendo en cuenta, además, las deficiencias en la higienización de que adolece la Administración de Justicia, como se ha puesto de manifiesto durante todo el proceso de pandemia. Por ello, habría que extremar las labores de desinfección constante en las sedes judiciales, especialmente, entre los turnos de mañana y de tarde que se pretenden implantar para evitar la presencia de toda la plantilla y preservar así la distancia de seguridad entre los trabajadores, puesto que en muchas secretarías el servicio se presta en situación de hacinamiento.

Respecto a la medida de habilitar como días hábiles los comprendidos entre el 11 y 31 de agosto, tiene una más que dudosa viabilidad legal, por cuanto el artículo 183 LOPJ sólo lo prevé para actuaciones declaradas urgentes en las leyes procesales o por habilitación del CGPJ, mediante reglamento, para otras actuaciones que entendemos, deberían en su caso, ser señaladas taxativamente. Con independencia de la legalidad de esta medida, la habilitación de los días de agosto, no sólo perjudica al descanso vacacional de abogados y procuradores que, esclavos de los plazos, no podrán tomarlo mas que durante los primeros días de agosto, sino que la inhabilitación del mes de agosto favorecía la tramitación acelerada de los procedimientos en curso, gracias a la falta de entrada de público y de nuevos escritos durante ese mes.

Ante las medidas que afectan al desarrollo de la jornada laboral de los funcionarios, STAJ advierte que las mismas deberán llevarse a efecto con las máximas garantías de seguridad para la salud de los mismos, reforzando las tareas de desinfección entre turnos de mañana y tarde, entradas y salidas flexibles para evitar la aglomeración en los accesos, dotación suficiente de equipos de protección individual y refuerzo en las labores de limpieza durante las jornadas.

Asimismo, STAJ exige a la Administración la realización de test de detección rápida del covid-19 entre los funcionarios, al objeto de identificar a los posibles trabajadores infectados y proceder a su aislamiento, permitiendo con ello el acceso únicamente a las personas sanas para evitar la propagación del virus y favorecer la contención del mismo.

miércoles, 29 de abril de 2020

STAJ informa: "Desescalada" en la Administración de Justicia

El Ministerio de Justicia ha convocado a los sindicatos representativos (STAJ, CSIF, CCOO, UGT, ELA, CIG) a una reunión mañana jueves 30 de abril por videoconferencia, para abordar la desescalada en la Administración de Justicia y el establecimiento de turnos.

El Ministerio, una vez más, haciendo un alarde de deslealtad con los representantes de los funcionarios que hace muchos años que no veíamos, no nos ha enviado documentación alguna sobre la "desescalada", aunque sí hemos podido saber, porque nos lo han comunicado las Comunidades Autónomas que han mantenido hoy reunión previa sobre la misma cuestión con el propio Ministerio, algunas notas sobre como plantea el Ministerio las fases para la progresiva recuperación de la normalidad en los juzgados:
  • A partir del 11 de mayo, se establecerían turnos de mañana y de tarde y se elevaría la presencialidad al 33%. Se dictará por el Ministerio una resolución con los criterios para la distribución de los turnos y un esquema de seguridad laboral que habrá que cumplir.
  • Transcurridas 2 o 3 semanas, se anunciaría en el BOE la fecha en que se van a levantar los plazos, lo que tendrá lugar en un momento posterior, y se pasaría a una segunda fase, en la que se mantendrían los turnos mañana-tarde y la presencialidad del personal se elevaría al 66%.
  • Cuando se levanten plazos, pasaríamos a una tercera fase en la que la presencialidad sería del 100%, manteniendo los turnos de mañana (con tres cuartas partes del personal) y tarde (con el 25% restante). No se ha precisado cuanto tiempo duraría esta fase.
  • La cuarta fase vería desaparecer los dos turnos, con una vuelta a la situación previa al 14 de marzo.

Mañana tras la reunión os confirmaremos los detalles de esta información que, como decimos, no es oficial y que nos llega a través de algunas CCAA con competencias.

Funcionarios de Justicia piden flexibilidad en el establecimiento de turnos de mañana y tarde

Los sindicatos y asociaciones de funcionarios de la Administración de Justicia exigen al Ministerio que dirige Juan Carlos Campo que se implanten medidas que favorezcan la conciliación laboral y familiar en los días de agosto que se habiliten para evitar el colapso de los juzgados y tribunales tras la pandemia por el coronavirus, así como flexibilización entre los turnos de mañana y tarde para evitar concentraciones en la entrada y salida de los puestos de trabajo.

El representante de STAJ, José Luis Fernández, opina que habilitar agosto "no tiene sentido" ni "utilidad" porque los funcionarios se coordinarán de otro modo para poder disfrutar de sus vacaciones, mientras que sí afectará a abogados y procuradores, ya que para ellos sí que era su mes habitual de "desconexión".

José Luis Fernández ve con mayor preocupación establecer turnos de mañana o de tarde, si no se garantizan las distancias de seguridad y la salud de los funcionarios. Aunque asegura que cree que Justicia plantea esta medida con "buena intención", critica que se fijen horarios "rígidos" -de 8.00 a 14.00 horas y de 14.00 horas a 20.00 horas- lo que conlleva a la eliminación de la flexibilización de jornadas que los funcionarios ya tienen.

Cantabria: La consejera de Justicia convoca reunión para abordar el plan de choque

La consejera de Justicia del Gobierno autonómico, Paula Fernández Viaña, mantiene una ronda de contactos para abordar el plan de choque previsto para cuando concluya el estado de alarma. La consejera ha convocado estos encuentros a fin de fijar las propuestas de Cantabria y avanzar en la adaptación del plan del Gobierno de España, que incluirá medidas organizativas, tecnológicas y normativas. El jueves 30 de abril tocará el turno de los miembros de los sindicatos más representativos del ámbito de la Justicia en Cantabria: CSIF, STAJ, UGT y CCOO.

La titular de Justicia ha señalado que es necesario que Cantabria, como comunidad autónoma con competencias en Justicia, presente sus propuestas y estas nazcan "con la implicación y el consenso" de los colectivos y profesionales.

STAJ informa: Publicación en BOE Real Decreto Medidas Procesales y Organizativas

Se ha publicado hoy en el BOE el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, entrando en vigor al día siguiente.

Lo publicado finalmente coincide con lo que hemos venido informando. Por lo que respecta a la jornada de mañana y tarde, antes de su establecimiento, es preciso desarrollarlo mediante la negociación colectiva en cada ámbito territorial, lo cual tendrá lugar en cuanto las Administraciones competentes nos convoquen para ello.


Jubilación: Cambios en la gestión de clases pasivas

Son muchos los compañeros que se han interesado, y preocupado, por el Real Decreto-Ley 15/2020, publicado el pasado 22 de abril, en el que se incluye el traspaso de la gestión de las clases pasivas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ya habíamos informado de ello aquí, pero dado el interés y preocupación de los compañeros conviene abordarlo otra vez, para tranquilizar en la medida de lo posible.

Pues bien, lo que recoge el Real Decreto es el traspaso de la gestión (tramitación, reconocimiento y pago) de las pensiones de clases pasivas, que en vez de estar a cargo del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Costes de Personal, estará a cargo del Ministerio de la Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (su Tesorería), que será el encargado del pago de las pensiones a los jubilados de clases pasivas. No dice nada, no ha cambiado nada respecto de los requisitos para acceder a la jubilación, algo sobre lo que volveremos más adelante.

Desde Hacienda se hará una transferencia de presupuesto para hacer frente al pago de las pensiones. Recuerden que el dinero de las pensiones de clases pasivas no sale de la caja de la Seguridad Social, porque no estamos encuadrados en la Seguridad Social y no ingresamos el dinero de las cotizaciones sociales en la caja de la Seguridad Social, sino que sale de los Presupuestos Generales del Estado. Este dinero de los PPGG del Estado seguirá pagando las pensiones de los funcionarios, pero en vez de pagar el dinero directamente Hacienda, lo hará el INSS; a través de su Tesorería, mediante transferencia desde Hacienda.

Es decir, que el sistema de jubilación para quienes ingresaron antes del año 2011 ya no lo gestionará el Ministerio de Hacienda, sino el Ministerio de la Seguridad Social, pero no encuadra a los funcionarios de clases pasivas en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS), ni se les aplica las normas del RGSS.

Esto que ha ocurrido ahora mediante este Real Decreto ya fue anunciado por el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sr. Escrivá, en el traspaso de cartera de su Ministerio, cuando dijo: "Este Ministerio agrupará todas las competencias de pensiones y clases pasivas"... "perseguiremos tener una visión de todo el conjunto del sistema de pensiones, porque nuestro objetivo es reforzar la solvencia..."

En principio, con esta medida lo que se pretende es tener una visión global, en conjunto, de todos los sistemas de pensiones dentro de un mismo Ministerio, y hasta ahora el sistema de clases pasivas estaba fuera. Ahora bien, no por estar anunciado hace 3 meses nos ha dejado de sorprender las formas y el momento. No creemos que sean estas las formas correctas, ni tampoco el momento oportuno.

Respecto de la cuestión que más preocupa a los compañeros, que es si van a cambiar los requisitos para acceder a la jubilación, equiparando a clases pasivas con el resto de sistemas de jubilación, hay que decir que el Real Decreto no ha cambiado los requisitos de acceso a la jubilación.


martes, 28 de abril de 2020

El Gobierno aprueba el Real Decreto de medidas para la Justicia

El Ministerio ha publicado en su página web una nota de prensa anunciando que el Consejo de Ministros, en su reunión de hoy ha aprobado el Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al covid-19 en la Administración de Justicia. La norma todavía no está en vigor porque no ha sido publicada en el BOE.

Las medidas contenidas en dicho Real Decreto son las que fueron filtradas a la prensa como os anticipamos hace días, no habiéndonos trasladado nada por escrito en ningún momento a los sindicatos representativos de Justicia. Esta iniciativa del Ministerio ha recibido duras críticas tanto por STAJ y el resto de fuerzas sindicales como por varias asociaciones de Jueces o LAJs, colectivos profesionales y partidos de la oposición.

Habrá que esperar a su publicación en el BOE para comprobar su alcance real, puesto que conlleva la modificación de varios preceptos de la LOPJ, una norma de rango superior, y su posterior convalidación, para lo que se necesitaría una mayoría absoluta del Congreso previo preceptivo debate en el mismo.

En dicho Real Decreto se establecen las líneas maestras, aunque no se definen las cuestiones que más nos pueden afectar, que son: como serán dichos turnos de mañana y tarde, que protocolos se van a adoptar para proteger a quienes realizan diligencias en domicilios, como se va a gestionar el día a día en las sedes judiciales o como se garantizará la seguridad en ellas si tenemos a varios turnos entrando y saliendo diariamente.

La postura de STAJ desde el principio ha consistido en proponer una desescalada progresiva y gradual, en la que se priorice ante todo la seguridad, tanto a nivel de EPIs o mamparas como de extremar la limpieza. Unas medidas que hemos reclamado insistentemente por escrito y que ahora se tendrán que incrementar como consecuencia de la mayor afluencia de gente que inevitablemente se producirá.

Asimismo, desde STAJ ya les hemos advertido que el Real Decreto Ley que pretenden publicar implica la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una norma de rango superior, y que para aprobar cualquier medida de este tipo se debe convalidar en el Congreso en el plazo de 30 días. Estaremos muy atentos a la publicación del citado Real Decreto con el fin de adoptar de forma inmediata las medidas pertinentes para salvaguardar las condiciones laborales de todo el personal de Justicia.

Crecen las críticas contra la inminente reforma exprés de la Justicia

El Ministerio de Justicia pretende acallar cualquier posible cuestionamiento de sus decisiones y utiliza para ello dudosas estrategias. Una actitud que está siendo duramente criticada tanto por quienes representamos al grueso del personal de Justicia, como por las diferentes asociaciones profesionales y los principales partidos de la oposición.

Desde STAJ denunciamos hace días el lamentable simulacro de negociación protagonizado por dicho Ministerio al reunirnos en una breve videoconferencia, sin concretar los detalles del proyecto ni entregarnos un mísero borrador, simplemente para anunciar que las decisiones estaban tomadas y no nos quedaba otra que asumirlas. Una reunión cuyo único fin era aparentar ante la opinión pública que contaba con el apoyo de los sindicatos, lo que es totalmente falso.

Asimismo, varias asociaciones de Jueces y de Letrados de Justicia han mostrado públicamente su malestar con el ministro por haberles ocultado el contenido del Real Decreto y niegan que haya sido consensuado con ellas.


OEP 2017-2018: Certificados de notas

En la página web del Ministerio de Justicia se pueden descargar los certificados de notas de los exámenes realizados en el proceso selectivo correspondiente a la OEP 2017-2018.

Es necesario disponer de certificado digital Cl@ve, o del número de la AEAT correspondiente a la inscripción de la convocatoria presentada. Se podrá seleccionar de entre los distintos procesos selectivos (Gestión, Tramitación, Letrados de Justicia y Médicos Forenses) a los que se haya presentado el interesado.


lunes, 27 de abril de 2020

Concurso de traslado 2019: El concurso que no se termina

Aún no han tomado posesión todos los compañeros en los nuevos destinos adjudicados por el concurso de traslados del año 2019, faltan algunos compañeros que tenían un mes por traslados a la península o a las islas, o incluso los 20 días hábiles por traslado a otra comunidad autónoma, aunque se trata de casos puntuales. Recordamos que los plazos administrativos están suspendidos.

El Ministerio de Justicia tiene que recabar la información de todas las comunidades autónomas con competencias transferidas del estado de sus plantillas y las plazas vacantes que se han producido, así como las que hayan quedado desiertas como consecuencia del concurso 2019. El Ministerio también tiene que hacer eso mismo en su propio ámbito de gestión, para al final saber de cuantas plazas y que plazas dispone, tanto para el concurso 2020, como para los compañeros de nuevo ingreso.

No nos han informado del estado en que se encuentran estos datos. Entendemos, por la suspensión de plazos y las medidas de confinamiento, que se producirán retrasos aún mayores a los que hemos venido sufriendo en los anteriores años. 

STAJ informa: Proyecto de Real Decreto-Ley de medidas procesales y organizativas urgentes

Como hemos venido informando estos días atrás, el Gobierno aprobará el martes día 28 un real decreto-ley con medidas procesales y organizativas urgentes en el ámbito de la Justicia.

El proyecto que ya tiene elaborado el Ministerio, en lo que nos afecta principalmente, contiene las siguientes medidas, algunas de las cuales ya os hemos adelantado en nuestras anteriores hojas informativas. Queda pendiente su aprobación, como decimos, en el Consejo de Ministros del próximo martes, por lo que podría sufrir algún cambio:

Habilitación del 11 al 31 de agosto para las actuaciones judiciales.

1. Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes de agosto de 2020. Se exceptúan de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.

2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y la eficacia de la medida, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia adoptarán de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para la distribución de las vacaciones de Letrados de la Administración de Justicia y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

Jornada laboral.

1. Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se establecerán, para los Letrados de la Administración de Justicia y para el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia, jornadas de trabajo de mañana y de tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales.

2. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia establecerán la distribución de la jornada y la fijación de los horarios de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Por tanto, antes de que se aplique esta medida, debe ser objeto de negociación en cada ámbito territorial.

domingo, 26 de abril de 2020

MUGEJU: Información sobre situación servicios y entidades médicas

En la página web de MUGEJU se ha publicado nota informativa acerca de la situación de los servicios médicos y las entidades médicas ante el impacto de la pandemia de covid-19 y la declaración del estado de alarma.

Dado que en la actual situación muchos de los profesionales sanitarios se encuentran inoperativos, MUGEJU ha solicitado de las Entidades Médicas que identifiquen los servicios de sus cuadros médicos que se encuentran disponibles, los que no y los que prestan servicio con ciertas restricciones.

Dada la actual situación de excepcionalidad y de cambio constante de provisión, se recomienda a los mutualistas que antes de acudir a una consulta médica confirmen la disponibilidad del servicio, llamando al teléfono del centro.

Licitación contrato para la vigilancia de la salud

Se ha publicado en el BOE el anuncio de contratación por lotes de la especialidad de Vigilancia de la Salud y otras actividades complementarias en la Administración de Justicia con un Servicio de Prevención Ajeno.

La tramitación del expediente de contratación se realizará por lotes, para un período inicial de doce meses a partir del 1 de marzo de 2020, prorrogable por otros doce. El presupuesto máximo de licitación, IVA incluído, es de 526.364,76 euros.

En este contrato se incluyen los reconocimientos médicos de los funcionarios de Justicia del ámbito no transferido, así como fiscales y letrados de Justicia de las comunidades autónomas con competencias de Justicia.

Los funcionarios de Justicia pedimos al Ministerio que garantice la salud de los trabajadores y ciudadanos

Los funcionarios de Justicia, al igual que el resto de los españoles, estamos deseando volver a la normalidad y trabajar presencialmente en nuestros centros de destino.

En la Administración de Justicia no ha sido posible el trabajo a distancia por el atraso en los medios tecnológicos con que cuenta esta Administración. Solo ahora se está poniendo en marcha un programa de teletrabajo, pero de forma muy limitada por cuestiones técnicas y presupuestarias. Se ha perdido mucho tiempo, pero los funcionarios, desde nuestra responsabilidad como servidores públicos, vamos a trabajar duro para recuperar el trabajo que se ha ido acumulando durante estas semanas de confinamiento, y la más que previsible avalancha de demandas como consecuencia de la crisis sanitaria y económica que ya estamos padeciendo.

A pesar de todas las carencias, los servicios esenciales se han prestado puntualmente por los miles de funcionarios que han acudido diariamente a sus puestos de trabajo, sin medida alguna de protección, sin mascarillas, sin guantes, sin mamparas protectoras en la atención al público, las más de las veces. Los funcionarios hemos seguido trabajando, a pesar de todo, posibilitando que todos los juzgados y tribunales hayan permanecido abiertos desde el inicio de la crisis sanitaria.

Ahora el Ministerio pretende, de golpe, una vuelta a la normalidad, desoyendo las indicaciones de las autoridades sanitarias de una vuelta escalonada a los centros de trabajo, pero, nos preguntamos: ¿Está el Ministerio de Justicia preparado para facilitar los medios, que no sólo garanticen nuestra seguridad sino, lo que es más importante, la de las personas que nos rodean, y la de todos los ciudadanos con los que tendremos que tratar en el normal desarrollo de nuestro trabajo?

Pedimos lo que piden todos los españoles: unas medidas de seguridad apropiadas, no promesas de dotación de equipos que, mes y medio después de la declaración del estado de alarma, y a pesar de que nos consta su profundo interés en hacerlo, el Ministerio no está en condiciones de cumplir, pues los medios siguen siendo escasos o, simplemente, no llegan a los órganos judiciales donde la atención al público es diaria.

STAJ ha propuesto varias veces, en consecuencia con las indicaciones de las autoridades sanitarias, una recuperación escalonada de la normalidad, con una contención temporal en la presentación de escritos y demandas, junto con una potenciación del trabajo a distancia, hasta que a la vuelta de pocas semanas sea posible, atendiendo a las recomendaciones de los expertos, la normalización de la actividad sin riesgo para la salud pública y de los trabajadores.

Que al ministro no le quepa ninguna duda, los funcionarios de Justicia vamos a arrimar el hombro para que la Justicia sea también un motor para la economía. Siempre lo hacemos. A pesar de la carencia de medios, de la escasez de personal, y del olvido endémico a que nuestros gobernantes, tradicionalmente, han sometido a esta Administración.

sábado, 25 de abril de 2020

Declaración Renta 2019: Deducción fiscal por movilidad geográfica

Este tipo de deducciones están reguladas en la Ley 35/2006 de 28 noviembre IRPF (ver art. 19 Rendimiento neto del trabajo). Se podrán beneficiar de estas deducciones los funcionarios titulares e interinos que tomen posesión en otra localidad cumpliendo ciertos requisitos:

Beneficiarios en general: Todos los que realicen un cambio de residencia por motivos laborales que cumplan los siguientes requisitos:
  1. El contribuyente debe estar desempleado e inscrito en la oficina del desempleo.
  2. El nuevo puesto de trabajo tiene que ser en una nueva localidad distinta a la de residencia actual y que efectivamente implique un cambio de residencia.

Los que cumplan estos requisitos tienen derecho a la deducción en el IRPF en el ejercicio en que se produzca el cambio de residencia, y también en el siguiente.

Art. 19.- Tratándose de contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, se incrementará dicha cuantía, en el período impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente, en 2.000 euros anuales adicionales.

Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales. Dicho incremento será de 7.750 euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Valoración de STAJ a la reunión con el ministro de Justicia 23/04/2020

El Ministerio convocó el jueves 23 de abril a los sindicatos STAJ, CSIF, CCOO, UGT, CIG y ELA a una reunión por videoconferencia, en la que anunció la aprobación urgente de un nuevo Decreto Ley que modificará la actividad judicial. Comprendemos que nos citen con precipitación dada la situación de crisis, lo que no es admisible es tu total falta de transparencia. No ha concretado exactamente lo que pretenden hacer ni nos ha dado nada por escrito, por lo que no podemos saber si realmente tienen algo planificado o están improvisando sobre la marcha.

Los funcionarios judiciales queremos poder prestar cuanto antes al 100% el servicio público que es nuestra razón de ser. De hecho, en estos momentos todos los juzgados y tribunales del país están abiertos y con funcionarios judiciales trabajando en ellos. Y eso ha sido así desde el principio de la crisis sanitaria.

El problema estriba en la endémica falta de medios que sufre la Administración de Justicia, con muchas oficinas judiciales en las que tanto el público como los trabajadores están hacinados y donde es prácticamente imposible mantener unas mínimas distancias de seguridad, con unos sistemas informáticos obsoletos y unas redes internas que colapsan y nos impiden realizar correctamente nuestro trabajo o lo entorpecen en muchos casos.

Desde STAJ llevamos años denunciando estas graves carencias, reclamando soluciones, proponiendo medidas de mejora y unos medios adecuados a ese mismo Ministerio de Justicia que ahora pretende enmascarar su falta de previsión con dudosas imposiciones a golpe de decreto ley.

Anuncian cambios drásticos de la noche a la mañana. Unos cambios que pueden suponer meses de reforma y adaptación, con traslados de expedientes, cambios de protocolos o nuevos sistemas de gestión. Y mientras tanto, ¿Cómo atendemos las necesidades de los ciudadanos? ¿Cómo aliviamos el colapso que se está creando a consecuencia de la multitud de demandas que ya están entrando a consecuencia de la crisis?.

Para colmo, el Ministerio, por más buenas intenciones que nos muestre, no está en condiciones de garantizar la protección de la salud de los funcionarios ni de la ciudadanía en general, pues no tiene capacidad para suministrar equipos de protección, test de diagnóstico, o elementos de seguridad ante el importante incremento previsto en la dotación presencial en los órganos judiciales, tanto de funcionarios, como de público. Ni siquiera está en condiciones de realizar diariamente una limpieza y desinfección de los locales judiciales que minimice los riesgos de contagio ahora que estarán abiertos todo el día.

Los funcionarios judiciales constituímos más del 70% de todo el personal y somos quienes atendemos al público a diario, quienes realizamos todos los trámites, y quienes conocemos en primera persona cual es la situación real en los juzgados y tribunales de toda España. Por ello podemos aportar sugerencias que mejoren el servicio y agilicen la Justicia, pero el Ministerio nos ignora sistemáticamente.

Queremos seguir prestando el servicio que ya estamos prestando y hacerlo al máximo rendimiento. El país lo necesita ahora y estamos dispuestos a ello. Pero el Ministerio está más ocupado en aprovechar la situación de caos para imponer sus proyectos políticos al precio que sea, con dudosos experimentos que no sabemos donde nos llevarán.

Por eso le pedimos al Ministerio un poco más de humildad y sentido común. No es bueno adoptar dudosas medidas improvisadas o a las bravas como se pretende, sin escuchar siquiera a las partes implicadas y sin aplicar unas mínimas garantías jurídicas, porque corremos un serio peligro de que se colapse todavía más el sistema judicial. No tenemos nada en contra de este gobierno. Somos un sindicato estrictamente profesional y sin connotaciones políticas de ningún tipo, pero la actitud de imposición sin valoración de las opciones que aportamos los sindicatos hace mucho tiempo que no la veíamos.

La Justicia es uno de los pilares del estado de derecho y ningún gobierno de un país que se considere democrático puede adoptar decisiones de calado sobre la misma de forma unilateral o precipitada e ignorando al resto de los operadores políticos y sociales. Nuestro país necesita más que nunca una Justicia que resuelva sus problemas y los funcionarios de Justicia estamos ahí, como siempre, dispuestos a arrimar el hombro prestando el mejor servicio público posible, y todavía más en una situación como la actual.

Necesitamos tomar decisiones con rapidez, pero no de forma improvisada, ni mucho menos de manera unilateral con la excusa del estado de emergencia y al margen del marco jurídico y laboral que todavía siguen vigentes. Hagamos las cosas bien y démosle a nuestro país la Justicia que se merece.

viernes, 24 de abril de 2020

Cantabria: Criterios para la entrega de mascarillas en sedes judiciales

Se ha publicado en la página web del Gobierno de Cantabria nota explicativa respecto a la forma de distribución de mascarillas en las sedes judiciales de Cantabria.

Las mascarillas para el personal que preste sus servicios en las sedes judiciales serán custodiadas por el responsable de seguridad del edificio, a quien habrá que acudir. Junto con las mascarillas habrá hojas de control de entrega a rellenar por cada persona a la recepción. 

La excepción será el personal del juzgado de guardia, para los cuales la entrega se hará directamente en ese servicio.

STAJ informa: Reunión con el ministro de Justicia 23/04/2020

Como ya os hemos informado, en la reunión mantenida ayer jueves por videoconferencia con STAJ, CSIF, CCOO, UGT  y los autonómicos CIG y ELA, el ministro de Justicia informó de la intención de publicar, la semana próxima, un Real Decreto-ley en el que se prevén las siguientes medidas:
  • Habilitación de varias semanas del mes de agosto, para sacar adelante el previsible incremento de asuntos que se producirá tras el levantamiento del estado de alarma.
  • Establecimiento de turnos de mañana y tarde, reduciendo la jornada, para evitar la presencia simultánea de toda la plantilla en el centro de trabajo. La adscripción a los distintos turnos se hará de modo voluntario y negociado. El Ministerio nos dice que admitirá todas las opciones para hacer posible la prestación del servicio en turnos. Todo lo cual será objeto de negociación en los próximos días.
  • Movilidad de funcionarios entre órganos judiciales de misma localidad y jurisdicción.

STAJ ha manifestado su rechazo a estas medidas, por los siguientes motivos:

1.- Es absolutamente inadmisible el método de trabajo del Ministerio, que llega a la reunión con una propuesta que no detalla y de la que no nos presenta soporte escrito alguno al que poder formular alegaciones y aportaciones, presionando a los sindicatos para que demos un sí sobre la marcha, sin conocer siquiera los más mínimos detalles del proyecto. Se ha limitado a dar su compromiso a negociar la forma de distribuir los turnos y la manera de establecer la movilidad dentro de la jurisdicción y localidad, y ofreciéndonos el "regalito" de reducir hora y media la jornada diaria, y habilitar sólo una parte de agosto, en lugar de todo el mes.

2.- Aún estamos en situación de estado de alarma y de confinamiento, y el Ministerio sigue sin ser capaz de garantizar las medidas de protección adecuadas (mascarillas, guantes, geles, mamparas, test de diagnóstico...). No dudamos de su voluntad de hacerlo, estamos convencidos de que la tiene, pero las dificultades de suministro son enormes, y el incremento en la presencia de funcionarios en los órganos judiciales supondrá multiplicar diariamente por diez las necesidades de material actuales.

STAJ informa: Cambios en la gestión de la jubilación por clases pasivas

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, medidas entre las que se incluye el trasvase de la gestión de las clases pasivas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, que el sistema de jubilación para quienes ingresaron antes del año 2011 ya no depende del Ministerio de Hacienda.

La medida se ha dictado por vía urgente y al amparo de la extraordinaria situación actual, obviando el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria. Una metodología que ya se está convirtiendo en un cuestionable hábito.

Desde STAJ hemos advertido reiteradamente a la administración que no se pueden tomar estas decisiones de calado por la vía del decreto ley, sin posibilidad de una reflexión previa o de una mínima intervención de las fuerzas sindicales y del resto de representantes parlamentarios.

Estamos hablando de temas que nos pueden afectar directamente y no es admisible que con la excusa de la emergencia sanitaria se esté aprovechando para imponer dudosas medidas o para sacar de los cajones todo tipo de ideas o proyectos que quizá no superarían un debate más sosegado.

Qué puede suponer este cambio. En principio, lo que establece el Decreto Ley se puede resumir en los siguientes puntos:

jueves, 23 de abril de 2020

STAJ rechaza las medidas excepcionales planteadas por el ministro de Justicia

En la reunión mantenida hoy con el ministro de Justicia por videoconferencia, se ha trasladado a los sindicatos la intención de aprobar un Real Decreto-ley en el que se prevén las siguientes medidas:

- Habilitación de parte del mes de agosto.
- Establecimiento de turnos de mañana y tarde, reduciendo la jornada. La distribución de los turnos se hará atendiendo a la voluntariedad de los funcionarios, según el Ministerio.
- Movilidad de los funcionarios entre órganos judiciales de misma localidad y jurisdicción.

Estas medidas tendrían aplicación exclusivamente durante los tres meses posteriores al estado de alarma.

STAJ ha manifestado su oposición a estas medidas, que se adoptan sin negociación y sin margen alguno para aportar mejoras, y ha reclamado una vez más al Ministerio que adopte una vuelta a la actividad judicial de forma escalonada, una vez garantice la protección de la salud de todos los funcionarios, dotando de equipos de protección individual y garantizando la realización de test de diagnóstico, algo que, todavía hoy, el Ministerio no está en condiciones de asegurar.

Asimismo, deben negociarse los planes de actuación que en su caso sean necesarios para recuperar los atrasos que se hayan podido producir, así como implementar mecanismos de trabajo a distancia, como medio para garantizar la prestación del servicio sin permanecer en los centros de trabajo, minimizando así los riesgos de contagio.

Ampliaremos esta información en las próximas horas.

Cantabria: Reunión sobre la situación de emergencia 21/04/2020

En la mañana del día 21 de abril de 2020 ha tenido lugar una reunión de la Dirección General de Justicia de Cantabria con las distintas organizaciones sindicales más representativas del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, dada la situación de emergencia que se está viviendo desde hace algo más de un mes.

Se ha abordado el tema de la vuelta al trabajo, la "desescalada". Si bien en este punto nada se nos ha aclarado (muy por encima han dejado entrever la posibilidad de trabajar por las tardes de manera voluntaria, de hacer turnos de trabajo, del mes de agosto, pero nada en claro...), todo esto será materia a negociar y hablar más adelante, ya que nada de esto es seguro, ni es materia de este momento. STAJ ha querido dejar claro que la vuelta a la normalidad debe ser gradual, por fases, y de forma organizada para que no nos veamos en una situación de descontrol como la que se ha vivido estas cinco semanas. Para paliar esta situación y siempre en el ánimo de aportar soluciones, que en esta situación es más que necesario, hemos presentado a nivel nacional y a la propia DGJ de Cantabria una propuesta para la incorporación del personal por fases para cuando comience la desescalada.

Mensaje de los funcionarios de Justicia a sus responsables políticos

Hoy nos reunimos con el Ministerio de Justicia para tratar las reformas que está preparando de cara a la desescalada y el previsible colapso de los juzgados. No nos ha trasladado ninguna propuesta por escrito y nuestras únicas referencias son las que han ido publicándose estos últimos días por los diferentes operadores. 

Las asociaciones representativas de la judicatura han lanzado sus respectivos manifiestos corporativos. Los fiscales, por su parte, también han expuesto unas recomendaciones de corte corporativo, centrándose sobre todo en los intereses de su colectivo. Las asociaciones de letrados de Justicia centran asimismo sus recomendaciones en que se potencie y mejore a su colectivo y se atreven a afirmar que solo gracias a ellos funciona la Justicia.

Los notarios reclaman la privatización de una parte de la Justicia, con el fin de adjudicársela ellos y poder compensar su bajada de facturación por la crisis. Procuradores y abogados, como es lógico y comprensible, solicitan la máxima celeridad en la reactivación de los trámites y la resolución de sus peticiones.

Ha llegado el turno de que escuchen al grueso del personal de Justicia y esto es lo que les queremos decir:

Tramitadores, Gestores, Auxilios Judiciales, Forenses, Facultativos y Ayudantes de Laboratorio representamos cerca del 70% de la maquinaria judicial. Una maquinaria que sin nosotros no sería capaz de absolutamente nada, la adecuada prestación del servicio de Justicia depende principalmente de nuestra profesionalidad y dedicación.

Habitualmente somos los primeros en llegar al trabajo y los últimos en irnos, y en la inmensa mayoría de casos asumimos muchas más funciones de las que nos corresponden, dedicando a nuestro trabajo un esfuerzo bastante superior al previsto para el sueldo que nos pagan.

Es cierto que contamos con muchos jueces, fiscales o LAJs que son grandes ejemplos de profesionalidad y calidad humana, y estos consiguen que sus respectivos órganos se conviertan asimismo en ejemplos de trabajo en equipo, rendimiento y efectividad.

Lamentablemente, también abundan los casos contrarios, en los que algunos responsables aparecen poco por allí, pretenden delegar prácticamente todas sus funciones y adoptan posturas caciquiles o prácticas de acoso totalmente intolerables, que desde STAJ ya hemos denunciado incluso por la vía penal y lo seguiremos haciendo siempre que haga falta.

Los funcionarios de Justicia queremos trabajar y prestar ese servicio que es nuestra razón de ser. Lo hemos demostrado reiteradamente y lo volveremos a demostrar las veces que haga falta.

Que no intenten ahora echarnos las culpas a nosotros de la falta de previsión de la administración respecto a las medidas de prevención o de los medios materiales e informáticos necesarios para que podamos hacerlo. que no intenten algunos jefes escudarse en nosotros para justificar lo injustificable y estirar como un chicle sus más que dudosos privilegios.

Y que no intenten cargar en nuestras espaldas todo el peso de esta crisis porque no lo vamos a consentir y no tendremos ningún reparo en airear sus vergüenzas a los cuatro vientos explicando bien clarito a la opinión pública cuales son los verdaderos problemas de la Justicia.

STAJ informa: CGPJ y Ministerio dicen ahora que sí se pueden notificar las resoluciones que se dicten aunque no sean servicios esenciales

El CGPJ ha emitido un acuerdo en el que dispone que las resoluciones que se dicten, ya sean definitivas como interlocutorias, pueden ser notificadas, si bien en aquellos asuntos que no sean servicios esenciales, los plazos no corren. De acuerdo con ello, el Ministerio también ha dictado una circular, la circular 2/2020.

STAJ sigue reclamando la prohibición de presentación de escritos que no sean propios de los servicios esenciales, al menos en la jurisdicción civil, por cuanto se está demostrando que el 90% de las peticiones son absurdas (reiteraciones de escritos presentados poco antes del estado de alarma, o similares), o se refieren a reclamaciones hipotecarias o dinerarias instadas por entidades bancarias, financieras o agencias de recobro, con incidencia muy negativa en la situación económica de muchas familias que aún lo van a pasar peor por los efectos de la pandemia. 

En su lugar, entendemos que deberían priorizarse aquellos procedimientos que de algún modo puedan reportar beneficios o mitigar los perjuicios a colectivos especialmente castigados por las consecuencias del estado de alarma y parálisis casi absoluta de la economía.

miércoles, 22 de abril de 2020

Cantabria: Indicaciones utilización guantes y mascarillas

En la página web del Gobierno de Cantabria se ha publicado nota informativa con indicaciones sobre las situaciones en las que deben emplearse guantes y mascarillas, así como instrucciones para su correcta colocación y retirada.

En el punto número 1, se indica que el uso de mascarillas es necesario en los servicios de atención al público, así como en los juzgados de guardia, Registro Civil o similares cuando, existiendo atención al público, esta se produzca a menos de 2 metros de distancia y no se disponga de elementos de protección colectiva de barrera como por ejemplo mamparas separadoras, o cuando en las oficinas no se pueda garantizar la distancia interpersonal de 2 metros.

El uso de mascarillas y guantes no sustituye en ningún caso al resto de medidas preventivas como mantenimiento de distancias interpersonales (de al menos 2 metros) o lavado frecuente de manos (con agua y jabón o con solución hidroalcohólica).

STAJ informa: Estado de los procesos selectivos de Justicia "suspendidos"

Ante las continuas consultas de opositores y compañeros sobre los procesos selectivos de Justicia, hemos realizado un pequeño resumen intentando trasladar la situación y la información de que disponemos, recordando que estamos pendientes de que el Gobierno dicte las instrucciones y regulaciones oportunas. En todos los procesos selectivos se está a las normas que dicte Sanidad, que adaptará el Ministerio de Justicia, conforme a lo que acuerde el Gobierno para la vuelta a la normalidad.

Gestión promoción interna. Pendientes de publicar los listados provisionales de méritos. Estaban terminados o casi terminados cuando se acordó el estado de alarma. La publicación tenían intención de hacerla en estas fechas, sólo faltaba un Tribunal delegado que ya estaba a punto de finalizar a primeros de marzo.

Gestión turno libre. Celebrado el tercer examen el 23 de febrero de 2020. Pendientes de corrección del ejercicio. Los tribunales habían iniciado las sesiones conjuntas de corrección del tercer ejercicio, apenas habían empezado, quedaron suspendidas una vez declarado el estado de alarma. Es de suponer que en cuanto puedan reanudarán las correcciones en cada tribunal.

Tramitación promoción interna. Pendiente de realizar las pruebas de idioma autonómico, que aún no tiene fecha señalada. Se publicó un acuerdo de 13 de marzo de suspensión de las pruebas de valenciano y catalán que estaban previstas, para el 16 y 18 de marzo respectivamente. Se publicó la relación provisional de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por orden de puntuación, de cada ámbito territorial.

Tramitación turno libre. Suspendido el tercer ejercicio (prueba de Word) señalado para el 14 de marzo de 2020. La última comunicación oficial decía que tan pronto como cesen las medidas anunciadas por las autoridades sanitarias, se convocará de nuevo el tercer ejercicio, comunicando la fecha con la antelación suficiente. El Ministerio de Justicia y el Tribunal Calificador Unico (TCU) tendrán que adaptar esta prueba a las medidas y distancia que sean fijadas por Sanidad y ampliar los espacios, además de reorganizar la entrada y salida de los recintos (en algunas sedes como Madrid se convocaban a más de 3.000 personas).

Auxilio Judicial. Pendiente de publicar los listados provisionales de admitidos y excluídos. Por acuerdo de marzo se pospone el proceso selectivo "desde el día de la fecha, hasta el cese de las medidas anunciadas por las autoridades sanitarias". El TCU realizó reuniones para la preparación de las pruebas y organización de las fechas, pero como consecuencia del covid-19 suspendieron estas reuniones que están pendientes de retomar. El proceso selectivo del Cuerpo de Auxilio Judicial tiene una dificultad añadida por el elevadísimo número de opositores (más de 40.000 en toda España), que elevará la complejidad de la organización requiriendo ampliar las reservas de sedes suficientes para garantizar las distancias y medidas de prevención. Se puede afirmar que no se celebrarán antes del verano, sin que se pueda adelantar fecha. 

En todo caso, desde STAJ ya denunciamos el retraso injustificado del Ministerio de Justicia, en estos procesos selectivos que corresponden a OPE 2017 y 2018, por ello en cuanto se dicten las instrucciones y regulaciones para el desconfinamiento y vuelta a la normalidad laboral, exigiremos al Ministerio que impulse estos procesos selectivos, las suspensiones acordadas por la situación sanitaria y el covid-19 se suman a las que ya se habían producido siendo el responsable el Ministerio de Justicia, por ello debe impulsar, siempre respetando las garantías de los opositores y su salud, pero con especial interés por terminar de una vez estos procesos selectivos de Justicia.

martes, 21 de abril de 2020

Cantabria: Solicitud para realizar teletrabajo

En la página web del Gobierno de Cantabria se han publicado, conforme a la resolución de 13 de abril de 2020, el modelo de solicitud y manual para poder realizar teletrabajo, con indicación de los pasos a seguir.

La modalidad del teletrabajo para el personal al servicio de la Administración de Justicia será voluntaria, mediante conexión remota segura a través de dispositivos personales, permitiendo acceder a Vereda y desarrollar las mismas funciones que desde el puesto de trabajo.


Teletrabajo: Lo que necesitas saber

La última resolución del Ministerio de Justicia instaura oficialmente la opción del teletrabajo para el personal de Justicia. El sistema es totalmente nuevo en nuestro sector y está creando bastantes dudas que vamos a intentar responder a continuación:

En primer lugar, el teletrabajo es voluntario y en estos momentos se debe prestar con los medios informáticos propios de la persona que opte por él, asegurando en todo caso una vía y conexión segura que permita que el funcionario de Justicia pueda trabajar con todas las garantías de seguridad exigibles dentro del ámbito de Justicia y dotando a los compañeros de los medios materiales efectivos para la realización del mismo al igual que en el caso de los LAJs, jueces y fiscales.

No se han concretado en absoluto cuáles van a ser las tareas que se podrán realizar en esta modalidad, aunque mucho nos tememos que puedan ser muy pocas en la mayoría de órganos. El expediente digital aunque está implantado en Cantabria, está aun en una fase muy inicial y, seamos realistas, donde aun se trabaja en la mayoría de casos en papel, no por falta de formación de los compañeros, sino por "necesidades" de nuestros superiores jerárquicos, por lo tanto vemos difícil que alguien pueda tramitar normalmente desde su casa sin tener acceso a la totalidad de los procedimientos, aunque es posible que en algunos servicios se puedan realizar con esta modalidad determinadas tareas.

Los LAJs son en definitiva quienes organizarán los turnos en cada juzgado y pueden decidir cuantas personas tienen que acudir presencialmente, cuantas quedan de disponibilidad y a quienes dan acceso al teletrabajo. Eso respecto a los juzgados, ya que en las fiscalías es el fiscal Jefe quien toma esas decisiones y en los IML su director.

En cuanto al número de personas que tendrán que acudir presencialmente cada día al órgano judicial, la resolución dictada por el Ministerio, antes de exponer con detalle la dotación básica de cada órgano, dice textualmente: "El personal que ha de atender presencialmente el servicio público de justicia será, al menos, el siguiente"

Por tanto, si dice "al menos" entendemos que no se está refiriendo al máximo de personas que deberán ir, sino al mínimo del que se ha de partir, y que por lo tanto podría ser incrementado a criterio de los LAJs, fiscales o directores.

Es más, tengamos en cuenta que los posibles turnos que se hagan hoy no tenemos ninguna garantía de que se mantendrán en el tiempo. Podría darse el caso de que un LAJ decida, por ejemplo, poner a tres funcionarios en modo teletrabajo y que pasados unos días cambie de opinión o varíen las circunstancias y reorganice los turnos de otra forma.

La resolución contiene asismismo el siguiente pronunciamiento referido al teletrabajo:

Los principios de actuación que promueve la resolución para esta nueva fase son los siguientes:
...
6.- Disponibilidad de prestación presencial para aquellos funcionarios que se encuentren en su domicilio durante la jornada laboral, incluso trabajando con medios telemáticos, así como cuando no puedan hacerlo por falta de ellos.
...

En cuanto a la modalidad en sí, la resolución dispone lo siguiente:

Modalidad de teletrabajo: el personal que disponga de dispositivos con accesos securizados a sistemas y aplicaciones de gestión procesal proporcionados por la administración prestacional, o que en su defecto pueda prestar voluntariamente el servicio en similares condiciones con dispositivos personales, podrá realizar sus funciones desde su domicilio, así como el apoyo que se le requiera para prestar los servicios esenciales.

Por último, en la propia tabla donde se indica en la resolución la cantidad de gente que tiene que ir presencialmente a cada tipo de órgano, se repite la siguiente coletilla:

Además de los que deban estar por el turno general el LAJ responsable podrá ampliar esta dotación cuando se estime preciso para atender los servicios esenciales declarados en esta materia, teniendo en cuenta las que se puedan llevar a cabo en régimen de teletrabajo por los funcionarios que, disponiendo de medios, hayan accedido voluntariamente a ello.

En consecuencia, y al margen de que desde este sindicato apostamos decididamente por esta nueva fórmula, no podemos asegurarte a fecha de hoy ni el tipo de trabajo que se podrá realizar por este medio ni siquiera si quien lo elija tendrá garantizada en el tiempo su exención de prestar servicio en régimen presencial. Todo dependerá de la situación concreta en cada órgano o servicio.

Desde STAJ hemos reclamado que esta nueva modalidad debe hacerse con medios securizados, con todas las garantías de confidencialidad en el tratamiento de los procedimientos judiciales, con prestación voluntaria y con pleno respeto a los derechos a la jornada laboral de los funcionarios que garantice la desconexión digital.