El Ministerio ha publicado en su página web una nota de prensa anunciando que el Consejo de Ministros, en su reunión de hoy ha aprobado el Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al covid-19 en la Administración de Justicia. La norma todavía no está en vigor porque no ha sido publicada en el BOE.
Las medidas contenidas en dicho Real Decreto son las que fueron filtradas a la prensa como os anticipamos hace días, no habiéndonos trasladado nada por escrito en ningún momento a los sindicatos representativos de Justicia. Esta iniciativa del Ministerio ha recibido duras críticas tanto por STAJ y el resto de fuerzas sindicales como por varias asociaciones de Jueces o LAJs, colectivos profesionales y partidos de la oposición.
Habrá que esperar a su publicación en el BOE para comprobar su alcance real, puesto que conlleva la modificación de varios preceptos de la LOPJ, una norma de rango superior, y su posterior convalidación, para lo que se necesitaría una mayoría absoluta del Congreso previo preceptivo debate en el mismo.
En dicho Real Decreto se establecen las líneas maestras, aunque no se definen las cuestiones que más nos pueden afectar, que son: como serán dichos turnos de mañana y tarde, que protocolos se van a adoptar para proteger a quienes realizan diligencias en domicilios, como se va a gestionar el día a día en las sedes judiciales o como se garantizará la seguridad en ellas si tenemos a varios turnos entrando y saliendo diariamente.
La postura de STAJ desde el principio ha consistido en proponer una desescalada progresiva y gradual, en la que se priorice ante todo la seguridad, tanto a nivel de EPIs o mamparas como de extremar la limpieza. Unas medidas que hemos reclamado insistentemente por escrito y que ahora se tendrán que incrementar como consecuencia de la mayor afluencia de gente que inevitablemente se producirá.
Asimismo, desde STAJ ya les hemos advertido que el Real Decreto Ley que pretenden publicar implica la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una norma de rango superior, y que para aprobar cualquier medida de este tipo se debe convalidar en el Congreso en el plazo de 30 días. Estaremos muy atentos a la publicación del citado Real Decreto con el fin de adoptar de forma inmediata las medidas pertinentes para salvaguardar las condiciones laborales de todo el personal de Justicia.
