En la actual situación de estado de alarma, donde se ha disminuído considerablemente la actividad en casi todos los sectores, al que no ha sido ajena la Administración de Justicia, se ha puesto de manifiesto que la intervención de los trabajadores de esta Administración es vital para el funcionamiento de las estructuras judiciales y la prestación de este servicio público.
Tanto es así, que el presidente del TSJ de Andalucía, en una entrevista reconoce que los jueces realizan su labor "a duras penas porque la dotación de funcionarios es ínfima". Por otra parte, afirma que los "jueces se están esforzando en prestar los servicios esenciales y que quizás sean los más empeñados en mantener a ultranza esos servicios, con una muy deficiente plantilla de funcionarios". Llaman la atención estas declaraciones, teniendo en cuenta que los jueces, en este proceso de estado de alarma y servicios esenciales, prestan servicio en sus casas, salvo los destinados en juzgados que realizan guardias o cuando son requeridos ante la eventual entrada de algún asunto urgente que requiera su intervención.
Sin embargo, vemos que los altos cargos de la Judicatura y la Fiscalía reclaman que los funcionarios presten el servicio en su modalidad presencial y no en régimen de disponibilidad como realizan jueces y fiscales. Por tanto, ese esfuerzo por mantener el rigor en la prestación de los servicios esenciales de estos colectivos de la Justicia que con tanta pomposidad expresa el Sr. Lorenzo, se basa, como él mismo reconoce, en "ponerse al día en el dictado de sentencias y resoluciones pendientes", en acudir a las sedes judiciales cuando son reclamados y en exigir a la Administración que haya más funcionarios presentes en las sedes judiciales.
Pero aún llama más la atención, cuando llama a su colectivo a no desfallecer ni adoptar comportamientos miméticos "a los que pueden observar a su alrededor, en los que se antepone cualquier consideración al deber profesional", poniendo en entredicho con estas indecorosas manifestaciones la profesionalidad del resto de agentes integrantes y responsables de la Administración de Justicia. Tal vez, y sólo tal vez, en estos momentos, no sólo los demás operadores de la Justicia, sino también los propios justiciables, también antepongan otros valores más vitales como lo es la salud, no sólo individual, sino colectiva. Es muy fácil defender el "deber profesional" desde casa y sin arriesgar su salud ni la de los suyos.
En este escenario insólito y delicado en el que estamos inmersos y viendo la actitud desconsiderada hacia los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia por parte de los más altos responsables de la Judicatura, desde el presidente del CGPJ hasta los decanos de muchos municipios, a este sindicato le tranquiliza sobremanera que esta Administración esté "en manos de otras instituciones", como se lamenta el Sr. Lorenzo.
Afortunadamente, la dotación de personal en las sedes judiciales no depende de los miembros de la carrera judicial, de ser así en estos momentos la salud de estos trabajadores estaría en grave riesgo, teniendo en cuenta que prestan servicio de cara al público sin medidas de protección, pues se verían abocados a asumir tareas más allá de las esenciales, para la caprichosa tranquilidad de sus señorías.