STAJ ha vuelto a pedir al Ministerio de Justicia y a las CCAA que instauren ya con carácter de urgencia mecanismos de teletrabajo que permitan a los funcionarios que voluntariamente lo soliciten prestar el servicio desde su domicilio.
Esta petición, que hemos formulado varias veces y reiterado desde el inicio del estado de alarma, la hemos reiterado en nuestra propuesta de reactivación de la actividad por fases, y la hemos defendido también estos días en las diferentes reuniones mantenidas con el Ministerio.
El viernes se ha mantenido una nueva reunión con el Ministerio de Justicia, en la que STAJ ha seguido apostando por mecanismos de teletrabajo, y se ha pedido que el acceso al teletrabajo se haga de manera voluntaria por los funcionarios, con las debidas garantías de seguridad, en entorno completamente digital y en el que debe quedar absolutamente excluído el traslado de documentos a los domicilios particulares de los funcionarios.
Asimismo, deben establecerse garantías relativas al derecho y protección de la salud laboral, horarios, derecho a permisos y vacaciones, y la desconexión digital.
Lo ideal, por último, es que se utilicen ordenadores propiedad de la Administración, y por ello ahora no podemos sino reprochar que a estas alturas los únicos que estén dotados de estos equipos sean jueces y unos pocos LAJs.
Pero, con todas estas garantías, consideramos que el teletrabajo es una oportunidad para no ahondar en el estado de colapso de la Administración de Justicia al tiempo que se trata de un mecanismo más de contención, de protección de la salud del personal frente al contagio y propagación del virus pero, ya que no se ha hecho antes, su implantación debe estar encuadrada en la vuelta escalonada a la actividad judicial, de modo que la prestación del servicio en modo remoto se haga también priorizando los procedimientos que deberían tramitarse con mayor urgencia, dejando temporalmente suspendida la tramitación de aquellos que pudieran ahondar en el agravamiento de situaciones económicas difíciles por las que están pasando muchos ciudadanos y familias.
A ello, desde luego, contribuye poco la resolución del Ministerio del día 13 de abril, que permite la presentación indiscriminada de escritos vía Lexnet, cuyo resultado ya estamos viendo, por ello insistimos en su retirada.