Para STAJ, se debe empezar por mantener en suspenso aquellos procedimientos que pudieran ahondar en el agravamiento de situaciones económicas precarias, y priorizar los procedimientos relativos a familia o aquellos que pudieran derivar beneficios a los sectores de la población más vulnerables en la presente crisis.
Una vez abierta la posibilidad de la tramitación y registro de la presentación de escritos ante la Administración de Justicia, la falta de adopción de estos criterios, ha puesto de manifiesto lo advertido por STAJ, pudiéndose constatar que más del 80% de los escritos que se han presentado lo han sido en ejecuciones hipotecarias (un 45%) o ejecuciones dinerarias (un 35%), procedimientos en los que la parte ejecutante son bancos o entidades financieras, es decir, procedimientos en los que "se persiguen bienes de personas que, por regla general, están pasando por momentos difíciles económicamente y que, a buen seguro, tras la declaración de estado de alarma y paralización de muchos sectores de la producción, su situación se habrá agravado".
STAJ advierte que entre los escritos más presentados están los que solicitan el embargo de la devolución de Hacienda.
