Como ya os hemos informado, en la reunión mantenida ayer jueves por videoconferencia con STAJ, CSIF, CCOO, UGT y los autonómicos CIG y ELA, el ministro de Justicia informó de la intención de publicar, la semana próxima, un Real Decreto-ley en el que se prevén las siguientes medidas:
- Habilitación de varias semanas del mes de agosto, para sacar adelante el previsible incremento de asuntos que se producirá tras el levantamiento del estado de alarma.
- Establecimiento de turnos de mañana y tarde, reduciendo la jornada, para evitar la presencia simultánea de toda la plantilla en el centro de trabajo. La adscripción a los distintos turnos se hará de modo voluntario y negociado. El Ministerio nos dice que admitirá todas las opciones para hacer posible la prestación del servicio en turnos. Todo lo cual será objeto de negociación en los próximos días.
- Movilidad de funcionarios entre órganos judiciales de misma localidad y jurisdicción.
STAJ ha manifestado su rechazo a estas medidas, por los siguientes motivos:
1.- Es absolutamente inadmisible el método de trabajo del Ministerio, que llega a la reunión con una propuesta que no detalla y de la que no nos presenta soporte escrito alguno al que poder formular alegaciones y aportaciones, presionando a los sindicatos para que demos un sí sobre la marcha, sin conocer siquiera los más mínimos detalles del proyecto. Se ha limitado a dar su compromiso a negociar la forma de distribuir los turnos y la manera de establecer la movilidad dentro de la jurisdicción y localidad, y ofreciéndonos el "regalito" de reducir hora y media la jornada diaria, y habilitar sólo una parte de agosto, en lugar de todo el mes.
2.- Aún estamos en situación de estado de alarma y de confinamiento, y el Ministerio sigue sin ser capaz de garantizar las medidas de protección adecuadas (mascarillas, guantes, geles, mamparas, test de diagnóstico...). No dudamos de su voluntad de hacerlo, estamos convencidos de que la tiene, pero las dificultades de suministro son enormes, y el incremento en la presencia de funcionarios en los órganos judiciales supondrá multiplicar diariamente por diez las necesidades de material actuales.
