Las nuevas tasas judiciales aprobadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han supuesto el ingreso de 30 millones de euros en la Hacienda Pública durante los tres primeros meses del año, según los datos difundidos por la Agencia Tributaria.
Esta cifra supone sólo el 40% de lo que el Gobierno pretendía recaudar -en este periodo y partiendo de la suposición que las cifras van a ser similares en el resto de meses-. En efecto, el Ministerio de Justicia calculó, al aprobar la nueva ley de tasas, que los ingresos por las tasas ascenderían a 306 millones de euros anuales, frente a los 164,4 que se recaudaron en 2011 por este mismo concepto.
Sin embargo, entre Enero y Marzo se debería haber alcanzado la cifra aproximada de 76,5 millones de euros para lograr las expectativas de recaudación previstas y, sin embargo, no se ha llegado a la mitad. Ante estos datos, instituciones como el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) han denunciado que la tasa judicial tiene una finalidad “exclusivamente disuasoria”.
Según el ICAB, “los datos del Ministerio de Hacienda demuestran que las previsiones del Ministerio de Justicia eran absolutamente irreales y, de seguir así, en el año 2013 recaudaría menos que con las tasas judiciales antes vigentes”.