El ministro Gallardón ha iniciado un proceso de reformas en la Administración de Justicia que pretende romper totalmente con el diseño y la organización de la Justicia en nuestro país. Objetivo loable, desde luego, si persiguiera realmente la tan ansiada modernización de la Administración de Justicia.
Pero lo cierto es que las reformas ya iniciadas encierran graves riesgos para el servicio público y para los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, pues tales reformas están teniendo como primer efecto la limitación del acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos con menos medios, así como una privatización de servicios para dejarlos en manos privadas con el consiguiente riesgo para la concepción de la Justicia como servicio público y para la propia subsistencia de muchos puestos de trabajo.
Debemos exigir al Ministerio que sea transparente. Debemos exigir al Ministerio que garantice, por escrito y en el BOE, que no se van a producir ni amortizaciones de plazas, ni reordenaciones de efectivos descontroladas y con movilidad geográfica, que no vamos a perder retribuciones por ningún concepto, que no se van a perder puestos de trabajo.
La actitud del Ministerio sigue siendo la misma desde que comenzó la legislatura hace año y medio. Es nuestro deber decir basta a sus políticas privatizadoras y de atentados a las condiciones de trabajo de los funcionarios.
