Un año después de que los procuradores demandaran nuevas funciones al Ministerio de Justicia, éstas han sido concedidas y plasmadas en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros. Con este texto, el colectivo ha visto reforzadas sus funciones en un momento en el que su futuro estaba en entredicho.
Son muchos los frentes abiertos de estos profesionales del Derecho. El más urgente es el relativo a la Ley de Servicios Profesionales que podría suponer un duro golpe para los procuradores si finalmente se elimina su incompatibilidad con los abogados, algo que les podría llegar a hacer desaparecer. También un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que critica su función o sus aranceles, y alguna cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre sus minutas son problemas a los que está teniendo que hacer frente este colectivo, encargado de la representación procesal ante los tribunales, que ahora recibe un espaldarazo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La reforma impulsada por Justicia se ha dejado alguna cuestión en el tintero, aunque de forma intencionada. Es el caso de los lanzamientos en casos de desahucios. Según explicó el presidente de los procuradores, Juan Carlos Estévez, en borradores previos estaba previsto adjudicar también esta labor a los procuradores, pero a última hora se decidió sacar esta cuestión del texto definitivo.
La razón probablemente sea la mala imagen que causaría una aceleración de trámites en un ámbito especialmente sensible en los últimos tiempos y que hubiera causado una fuerte respuesta social, ya que, en la práctica, podría suponer que, por ejemplo, un banco contratara a un procurador para ejecutar más rápido un desahucio.
