A la privatización de los Registros Civiles (proyecto que ahora está parado, pero que no se ha descartado ni mucho menos), se une la atribución de funciones procesales a los Procuradores, que podrán realizar funciones que hasta ahora venimos desempeñando con plenas garantías de imparcialidad y de legalidad los funcionarios públicos al servicio de la Administración de Justicia.
El ministro de Justicia miente cuando afirma que con ello se agilizará la Administración de Justicia, ocultando con ello la falta de inversión real en medios personales y materiales al servicio de la Justicia en nuestro país. La nueva medida aprobada por el Gobierno y que ha iniciado ya los trámites para su futura aprobación por el Parlamento busca sólo beneficiar a un colectivo, el de procuradores, que está siendo fuertemente cuestionado en la propia Unión Europea, y supone la privatización descarada de funciones públicas, con el consiguiente encarecimiento de la Justicia y el peligro para muchos puestos de trabajo que ocupamos los funcionarios.
