El nuevo Código Procesal Penal que prepara el Gobierno prevé eliminar del elenco de delitos que juzga el jurado todos los relacionados con la corrupción y limitar las competencias del Tribunal Popular a homicidios y asesinatos siempre que no hayan sido cometidos por organizaciones criminales, en un momento de desprestigio absoluto de la clase política, de pérdida de votos de los principales partidos y con la corrupción como segunda preocupación de los españoles.
Fuentes consultadas que han participado en el borrador del nuevo articulado justificaron la drástica reducción de los delitos juzgados por jurado en tres motivos: frente a la «simplicidad» de los elementos que entraña un homicidio o un asesinato (premeditación, alevosía o ensañamiento), los delitos relacionados con la corrupción tienen un «componente más complejo», y precisamente por ello desde un primer momento el delito de prevaricación ha estado excluido de las competencias del jurado, por esa «arbitrariedad» que requiere el tipo penal y que es difícil de apreciar por cualquier ciudadano que no tenga conocimientos jurídicos.
El segundo motivo, relacionado con el anterior, es que cuanto más complejo es un delito, «más manipulable resulta el jurado»; y el tercero es que se trata de un procedimiento muy costoso y lento para nuestra ya maltrecha Administración de Justicia.
