El ministro recibió formalmente el pasado febrero los trabajos encomendados a las comisiones de expertos que fueron designadas para elaborar dos leyes que marcarán el rumbo de la Justicia en España para los próximos años. Una de ellas diseña una nueva organización del mapa judicial y la otra encomienda al Ministerio Público la instrucción de los delitos y las faltas, en lugar de a los jueces como ocurre en la actualidad.
Las voces críticas dudan por la dependencia jerárquica que rige en el Ministerio Público, donde el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno, a diferencia de los jueces y magistrados que son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".
